BOGOTÁ, Colombia. — María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar información que, según afirmó, apuntaría a que la orden de asesinar a su esposo habría salido del Congreso de la República.
Durante una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona reveló que una persona, cuya identidad mantuvo en reserva, le habría proporcionado datos antes del atentado. Por esta razón, solicitó a las autoridades verificar las informaciones y determinar quiénes pudieron estar detrás de la planificación del crimen.
“Me ha llegado información de que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, manifestó la viuda, al insistir en la necesidad de esclarecer la posible participación de autores intelectuales.
Asimismo, pidió examinar una eventual vinculación de antiguos integrantes de las FARC y de personas relacionadas con el partido Comunes, con el propósito de establecer si algún excongresista tuvo participación en la organización del asesinato.
Tarazona sostuvo que la Fiscalía dispone de información relacionada con esta línea de investigación y reclamó que se agoten las diligencias necesarias para identificar tanto a quienes habrían ordenado el ataque como a los responsables de ejecutarlo.
Comunes rechaza las acusaciones
Ante los señalamientos, el partido Comunes negó las acusaciones y expresó su rechazo a lo que considera una campaña de ataques y desinformación contra sus dirigentes y antiguos representantes en el Congreso.
La organización política también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y responder a los requerimientos que formulen los organismos competentes, de acuerdo con lo informado por Noticias Caracol.
La Fiscalía deberá esclarecer los hechos
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y falleció el 11 de agosto de ese mismo año, tras permanecer hospitalizado debido a la gravedad de las heridas.
Hasta el momento, las declaraciones de Tarazona constituyen señalamientos que deben ser verificados por las autoridades y no demuestran, por sí solas, la responsabilidad de integrantes de Comunes u otros actores políticos.
La investigación deberá establecer la veracidad de la información recibida por la viuda, identificar a los posibles responsables y determinar si existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales.
El caso mantiene la atención sobre la necesidad de esclarecer quiénes estuvieron detrás del asesinato del senador y garantizar que las conclusiones judiciales se fundamenten en evidencias.
Fuente – EFE
