Santo Domingo, República Dominicana.– El Ministerio de la Mujer explicó los principales alcances del proyecto de Ley Mirabal y exhortó a la ciudadanía a debatir su contenido con responsabilidad, basándose en las disposiciones de la iniciativa y no en interpretaciones que puedan generar confusión.
La propuesta legislativa tiene como objetivo fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, mejorar la protección de las víctimas y sus familiares, y reforzar la responsabilidad de las instituciones públicas en la atención y seguimiento de estos casos.
La entidad indicó que el proyecto procura garantizar una respuesta estatal más efectiva mediante mecanismos de prevención, asistencia, reparación y evaluación institucional, con el propósito de evitar que las denuncias queden sin seguimiento y que las víctimas permanezcan expuestas a situaciones de riesgo.
En cuanto a su fundamento constitucional, el Ministerio destacó los artículos 39 y 42 de la Constitución dominicana, que consagran la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad personal, además de establecer el deber del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Perspectiva de género y libertad religiosa
La institución precisó que la incorporación de la perspectiva de género busca identificar las desigualdades, los estereotipos y las señales de peligro que pueden contribuir a la violencia contra las mujeres. Entre estas situaciones mencionó las amenazas, el acoso, el control y las agresiones que pueden producirse tras una separación.
Asimismo, aclaró que el artículo 9 del proyecto no prohíbe las creencias religiosas ni restringe la libertad de culto. Su finalidad, según explicó, es impedir que las costumbres, tradiciones o convicciones se utilicen para justificar o minimizar los actos de violencia contra las mujeres.
La iniciativa no modifica la definición del feminicidio
Otro de los puntos abordados por el Ministerio es el tratamiento del feminicidio. De acuerdo con la institución, el artículo 106 remite la sanción de este delito, así como la del feminicidio agravado y conexo, al Código Penal, sin establecer una nueva definición ni un régimen de penas diferente en esa disposición.
En cambio, la propuesta contempla medidas para respaldar a los familiares de las víctimas, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad. Entre ellas figuran la asistencia jurídica gratuita en determinados procedimientos, el acceso a programas de atención, la acreditación de la condición de víctima y la revisión de posibles fallas institucionales.
El proyecto también incluye mecanismos relacionados con la continuidad de las investigaciones cuando fallece el presunto agresor, así como disposiciones sobre la protección de los bienes y los derechos sucesorales de los hijos e hijas.
Continuidad de las investigaciones y protección integral
En materia judicial, el artículo 91 establece que la retractación de la víctima no extingue automáticamente la acción penal ni obliga al archivo del expediente. Esta disposición busca evitar que las investigaciones se abandonen por presiones familiares, amenazas o dependencia económica, sin dejar de lado las pruebas y las garantías del debido proceso.
La iniciativa también incorpora un enfoque interseccional para atender las distintas condiciones sociales, económicas y territoriales que pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas mujeres, incluidas aquellas con discapacidad o residentes en comunidades rurales.
Protección de niñas y adolescentes
El proyecto aborda, además, las uniones tempranas y forzadas que afectan a niñas y adolescentes. La propuesta busca ampliar la protección más allá de la prohibición del matrimonio infantil establecida por la Ley 1-21, para identificar situaciones de convivencia que puedan vulnerar los derechos de las menores y limitar su desarrollo educativo y personal.
Finalmente, el Ministerio recordó que la Ley Mirabal recoge años de iniciativas legislativas promovidas por mujeres de distintas organizaciones políticas, relacionadas con las órdenes de protección, las casas de acogida, la violencia digital, la violencia política y la reparación a las víctimas.
La institución reiteró la importancia de analizar el proyecto a partir de su contenido y del marco jurídico vigente, con el propósito de promover una discusión pública fundamentada sobre las medidas destinadas a prevenir la violencia y garantizar la protección de las mujeres y sus familias.
