Un juez federal de Estados Unidos rechazó este martes una solicitud de la administración del presidente Donald Trump para suspender una orden judicial relacionada con el documento que sustenta legalmente los ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
La decisión fue adoptada por el magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien levantó una suspensión temporal vigente desde el pasado 8 de octubre y otorgó al Gobierno un plazo de catorce días para presentar información detallada sobre el acceso al documento.
La orden exige identificar quiénes consultaron el informe, cuándo lo hicieron y con qué propósito, aunque esos datos serán entregados de forma confidencial al tribunal.
Debate sobre el secreto presidencial
El documento en cuestión fue elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en septiembre de 2025 y contiene el análisis legal que respalda la autoridad del presidente para ordenar ataques letales contra embarcaciones vinculadas presuntamente al narcotráfico.
La administración Trump sostiene que el contenido está protegido por el privilegio de secreto presidencial y se ha negado a hacerlo público.
Sin embargo, el juez consideró necesario determinar quiénes han tenido acceso al memorando para evaluar si puede continuar amparado bajo esa protección legal.
Información permanecerá reservada
La resolución establece que los datos requeridos serán entregados únicamente al tribunal y no serán divulgados públicamente ni compartidos con los demandantes durante esta etapa del proceso.
Posteriormente, el magistrado decidirá si el Gobierno puede mantener el documento bajo reserva o si corresponde hacerlo público total o parcialmente.
Organizaciones exigen transparencia
El litigio se originó tras una demanda presentada por varias organizaciones defensoras de derechos civiles que buscan acceder a la justificación legal de los ataques militares.
La acción judicial fue impulsada por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la rama de esa organización en Nueva York.
Según los demandantes, el Gobierno no respondió a una solicitud presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), mecanismo utilizado para obtener documentos oficiales de las agencias federales.
El caso se desarrolla en medio del debate sobre la legalidad y el alcance de las operaciones militares ordenadas por Washington contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico.
