Haití lleva 35 años delegando en manos privadas una función que corresponde al Estado: la seguridad. La historia no empieza con Erik Prince ni con los drones. Empieza con un Estado que, tras el golpe de 1991 y la intervención de 1994, nunca logró reconstruir fuerzas en las que sus propios gobernantes confiaran, y con gobiernos que, ante ese vacío, buscaron protección afuera. Las empresas cambian de nombre y de escala, pero el argumento de fondo se repite: donde las instituciones fallan, entra un contratista.
La primera etapa fue discreta. Tras el regreso de Aristide en 1994, la intervención fue estatal y multilateral: monitores policiales internacionales, instructores del Departamento de Justicia de EE. UU. y una nueva policía civil. Aristide había reducido el tamaño de las fuerzas armadas, y en 1998 el gobierno firmó con la Steele Foundation, de San Francisco, un contrato de protección y capacitación para la oficina presidencial, con el visto bueno del Departamento de Estado. Era seguridad privada, pero de una sola persona, no una fuerza con territorio propio.
El episodio de 2004 mostró el límite de ese modelo. Cuando los rebeldes avanzaban sobre Puerto Príncipe, funcionarios estadounidenses frenaron los refuerzos que Haití quiso sumar a la guardia de Steele, según el Miami Herald, y una fuente asegura que a la empresa se le advirtió que no sería rescatada. El 29 de febrero, el jefe de sus guardaespaldas coordinó con un equipo del ejército de EE. UU. y los guardias viajaron con Aristide al exilio. Aristide sostiene que fue secuestrado; Washington y Steele lo niegan. Lo que muestran los hechos es que el contratista dependía más de su patrocinador que de su cliente. Conviene aclarar que no encontré evidencia de que Blackwater participara: la firma documentada es Steele.
La segunda lección llegó desde abajo. En 2021, una empresa pequeña de Miami, CTU Security, reclutó a unos veinte exsoldados colombianos y los envió a Puerto Príncipe un mes antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse. En mayo de 2026 un jurado federal declaró culpables a sus dueños y a otros dos hombres de conspirar para secuestrar o matar a Moïse; la fiscalía sostuvo que querían instalar un presidente que les diera contratos de seguridad e infraestructura, mientras la defensa dijo que creían actuar con una orden legítima. La sentencia está prevista para febrero de 2027 y en Haití nadie ha sido juzgado. Aquí la seguridad privada aparece como mercado: intermediarios con incentivos comerciales y sin control.
El salto cualitativo llegó en 2025. Vectus Global, de Erik Prince, el fundador de Blackwater, opera desde marzo de ese año con una fuerza de tarea del primer ministro y ha hecho de los drones armados su herramienta principal. Ya no se trata de escoltar a un presidente, sino de participar en operaciones ofensivas en barrios densamente poblados. Human Rights Watch documentó entre marzo de 2025 y enero de 2026 al menos 1,243 muertos y 738 heridos en 141 operaciones, incluidos 17 niños y 43 adultos sin vínculos aparentes con pandillas, y advirtió que algunos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Un recuento de la ONU reportado por CNN atribuye a un contratista privado al menos 85 civiles muertos. Las cifras miden cosas distintas y no son comparables, pero ninguna es tranquilizadora.
El segundo problema es la opacidad. El contrato no es público y ni siquiera se conoce con certeza su plazo: Prince habló de diez años ante Reuters, mientras otras versiones hablan de uno. Washington dijo que no contrató ni financia a Vectus, pero el embajador estadounidense confirmó que el Departamento de Estado le dio licencia para exportar servicios de defensa, y en julio de 2026 un alto asesor militar anunció que la coordinación informal se formalizaría. A eso se suma la dimensión económica: Prince habló de un papel en la recaudación en la frontera con República Dominicana, y Le Nouvelliste reportó un proyecto de contrato de diez años, aún sin firmar, con otra empresa vinculada a él para modernizar las aduanas. Cuando la seguridad se mezcla con ingresos fiscales, el contratista deja de ser un simple proveedor y adquiere un interés propio en el control del territorio.
El balance es ambiguo y conviene decirlo. Los defensores de los contratistas tienen un argumento real: la misión multinacional liderada por Kenia alcanzó solo cerca del 40% de sus 2,500 efectivos antes de retirarse, y Vectus se desplegó más rápido y a menor costo; hay residentes que aceptan cualquier fuerza capaz de frenar a las pandillas. Pero estos 35 años enseñan que cada solución privada dependió del patrocinio de una potencia, funcionó sin contratos públicos y dejó sin respuesta la pregunta de quién responde por los errores. Mientras Haití no cuente con una policía financiada y fiscalizada, la tentación de subcontratar seguirá intacta. Para República Dominicana, que comparte frontera y puede verse afectada por cualquier esquema aduanero o de seguridad, este experimento merece seguimiento de cerca.
