El Gobierno dominicano aprobó, mediante el decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, que establece las reglas para el uso responsable, seguro, inclusivo y transparente de esta tecnología en las instituciones estatales.
La normativa fue elaborada a través de un proceso participativo y multisectorial encabezado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
De acuerdo con la Presidencia, el documento contó con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y toma como referencia los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Evaluaciones y restricciones para sistemas de alto impacto
El código establece disposiciones de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada. Entre sus principales medidas contempla que los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto impacto, por incidir en el acceso a derechos, beneficios sociales o decisiones sancionadoras, deberán someterse a Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED).
Estas herramientas también necesitarán la aprobación del órgano de supervisión correspondiente antes de entrar en funcionamiento.
En materia de transparencia, la normativa reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer cuándo una decisión o trámite administrativo ha contado con el respaldo de inteligencia artificial. También contempla mecanismos para solicitar explicaciones y requerir una revisión humana.
El documento prohíbe prácticas como la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos y la automatización de sentencias penales. Asimismo, establece la prohibición de las armas autónomas.
Protección de menores y control de los datos
La regulación incluye salvaguardas especiales para niños, niñas y adolescentes, al establecer una presunción reforzada de riesgo frente a sistemas automatizados dirigidos a esta población.
También prohíbe el uso de inteligencia artificial que genere o distribuya contenido lesivo, abusivo o discriminatorio contra menores de edad.
En cuanto a la soberanía digital, las instituciones estatales deberán exigir a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control de los datos de los ciudadanos dominicanos. La disposición busca evitar la contratación de sistemas que no puedan ser auditados por el Estado.
Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial
El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, concebido como un espacio consultivo y de coordinación integrado por instituciones públicas y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.
Su composición contempla la participación de sectores académicos y de la sociedad civil, con el propósito de mantener mecanismos de seguimiento y supervisión social.
La normativa concede un período de 180 días calendario para que las entidades públicas adapten sus procesos internos, registren los sistemas tecnológicos que utilizan, designen a los funcionarios responsables y adopten las medidas necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones.
