El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a España del ciudadano Jonathan Vera Pozo, requerido por las autoridades de ese país por presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
La entrega fue autorizada mediante el Decreto núm. 795-26, con el propósito de que Vera Pozo sea procesado ante la justicia española.
La solicitud de extradición fue emitida por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid, en el marco de las diligencias previas núm. 7/2026, por presuntas violaciones a varios artículos del Código Penal español.
El decreto fue firmado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en calidad de encargada del Poder Ejecutivo.
