El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, calificó de «amnistía disfrazada» un anteproyecto de ley presentado por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, al considerar que la iniciativa facilitaría el otorgamiento de la nacionalidad dominicana a extranjeros que habrían obtenido documentos del Registro Civil y de identidad mediante procedimientos irregulares.
Rosario cuestionó que la propuesta, introducida en la Cámara de Diputados bajo el argumento de atender a personas que supuestamente carecen de identidad, contemple un proceso de regularización sustentado en razones humanitarias para facilitar la nacionalización de ciudadanos extranjeros.
El exfuncionario sostuvo que algunos de los posibles beneficiarios habrían incurrido en actos ilícitos contra el Registro Civil y el sistema nacional de identificación para obtener documentos que los acrediten como dominicanos, pese a conservar su nacionalidad de origen.
A su juicio, la iniciativa contradice la Constitución de la República, la Ley 169-14 y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. También advirtió que su eventual aprobación podría incentivar una mayor llegada de ciudadanos extranjeros al país, con posibles consecuencias para la seguridad y la estabilidad nacional.
Como parte de sus argumentos, recordó que en 2014 fue promulgada la Ley 169-14, que estableció condiciones y procedimientos para regularizar a extranjeros que no hubieran cometido falsedad documental y que, por determinadas razones de Estado, podían acogerse a los beneficios contemplados en esa legislación.
Cuestiona momento de presentación
Rosario también puso en duda el momento en que fue presentada la propuesta, previo al próximo ciclo electoral, que concluirá en febrero y mayo de 2028 con las elecciones municipales, legislativas y presidenciales.
El expresidente de la JCE atribuyó a la iniciativa un posible interés electoral y no humanitario, al considerar que podría afectar la legitimidad y la integridad de los próximos procesos electorales.
Explicó que la identidad personal constituye la manifestación individualizada de la filiación y permite a las personas ejercer derechos civiles, políticos y económicos. Por esa razón, sostuvo que cualquier legislación que desconozca esa relación podría ser objeto de anulación por parte del Tribunal Constitucional.
Rosario insistió en que el anteproyecto representa otro intento de establecer una amnistía general y criticó que se pretenda otorgar la nacionalidad dominicana sin observar las disposiciones constitucionales y legales que regulan su adquisición.
Comparó la propuesta con la creación de un «mercado persa», en el que la nacionalidad dominicana sería tratada como un producto cualquiera, sin considerar su valor jurídico ni los requisitos establecidos por las leyes.
Recomienda acudir a los tribunales
Ante las personas que alegan haber sido afectadas en sus derechos de identidad y documentación, Rosario recomendó acudir a los tribunales de la República para que las autoridades competentes examinen cada caso de manera individual y determinen las medidas correspondientes.
Asimismo, reclamó al Gobierno y a las instituciones competentes aplicar la Ley General de Migración 285-04, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas, conforme a lo establecido en la Constitución.
«Todo parece indicar que el referido proyecto se hizo pensando en favorecer una población internacional y una población nacional que, como dice la propia legisladora, aprovecharon debilidades para cometer actos irregulares, que no pueden ser solucionadas en detrimento del derecho de personas que han convivido en concordancia con las leyes y en transgresión de nuestra Norma Sustantiva y las leyes adjetivas existentes en materia registral», concluyó Roberto Rosario Márquez.
