Cuando perder una licitación se convierte en el punto de partida de una batalla administrativa, el Estado puede terminar pagando dos veces: con dinero público y con el tiempo que pierde para atender las necesidades de la población.
En el sistema dominicano de compras y contrataciones públicas hay una cuestión que merece una investigación que vaya más allá de las estadísticas oficiales: el uso de los mecanismos de impugnación por parte de proveedores que, después de participar en una licitación y conocer sus resultados, recurren las decisiones de las instituciones contratantes.
El derecho a reclamar es una garantía fundamental. Ningún proveedor debe quedar indefenso ante una evaluación irregular, una descalificación injustificada o una adjudicación contraria a las reglas del procedimiento. Sin embargo, ese derecho tampoco debería convertirse en un instrumento para torpedear procesos, prolongar artificialmente las licitaciones o conseguir que una contratación termine siendo declarada desierta.
La pregunta es inevitable: ¿existen proveedores que, después de conocer que no resultaron ganadores, utilizan los recursos administrativos como una estrategia para obligar a las instituciones a comenzar nuevamente los procedimientos?
No se trata de una acusación generalizada contra los participantes del mercado público. Se trata de una hipótesis que debe ser investigada a partir de los expedientes, las resoluciones y los patrones de comportamiento de los recurrentes.
Los números disponibles ofrecen motivos para examinar el problema.
En 2021, la Dirección General de Contrataciones Públicas recibió 866 casos nuevos. Entre ellos figuraron 213 recursos jerárquicos, 125 recursos de impugnación y 19 solicitudes de reconsideración. Ese mismo año, doce resoluciones anularon procedimientos o actos administrativos vinculados a contrataciones por más de RD$3,573 millones.
En 2025, el organismo reportó 190 resoluciones sobre investigaciones y reclamos, incluyendo 95 recursos jerárquicos y cinco reconsideraciones. Asimismo, nueve procedimientos fueron anulados por irregularidades, por un monto superior a RD$984 millones.
Estas cifras no prueban que las anulaciones fueran consecuencia de maniobras de proveedores inconformes. Pero sí justifican examinar con mayor profundidad el funcionamiento del sistema y sus vulnerabilidades.
Hay otro elemento que merece atención. La evaluación internacional MAPS 2024 sobre el sistema de adquisiciones dominicano encontró que el 67 % de los proveedores encuestados considera que los plazos de presentación y revisión de impugnaciones retrasan los procesos de contratación.
El mismo estudio identificó una debilidad en la información disponible: la DGCP no había recopilado datos que permitieran establecer si los 444 recursos jerárquicos resueltos entre 2021 y 2023 habían favorecido a los recurrentes o a las instituciones contratantes.
Esto plantea un problema de gestión pública. Sin información sobre los resultados de las reclamaciones, es difícil determinar cuáles son legítimas, cuáles evidencian deficiencias de las instituciones y cuáles podrían responder a un comportamiento reiterado y estratégicamente perjudicial para el sistema.
El asunto tiene consecuencias económicas. Cuando una licitación debe repetirse, la administración tiene que volver a invertir recursos humanos y técnicos en la preparación del expediente, la publicación de las condiciones, la evaluación de las ofertas y la adjudicación. Mientras tanto, la necesidad que motivó la contratación continúa sin resolverse.
En determinados casos, además, los precios de los bienes y servicios pueden cambiar, los presupuestos pueden quedar desactualizados y las instituciones pueden verse obligadas a prolongar contratos o buscar soluciones temporales.
El Estado no puede convertirse en rehén de los intereses particulares de quienes participan en sus procesos de compras. Pero tampoco puede utilizar la declaración de desierto para evadir responsabilidades o eliminar competidores incómodos.
La transparencia debe funcionar en ambas direcciones.
Por eso, la Dirección General de Contrataciones Públicas debería publicar estadísticas que permitan identificar cuántos recursos son presentados por proveedores que participaron en una licitación y no resultaron adjudicatarios; cuántos fueron rechazados; cuántos encontraron irregularidades reales; y cuántos procedimientos terminaron anulados o declarados desiertos como consecuencia de las decisiones administrativas.
También debería examinarse si existen empresas que repiten este comportamiento en diferentes instituciones y procedimientos, y si sus reclamaciones presentan argumentos similares que ya han sido examinados y rechazados anteriormente.
No se trata de limitar el derecho a recurrir. Se trata de impedir que el ejercicio de ese derecho se convierta en una herramienta de competencia desleal o de obstrucción administrativa.
Cada día que una institución pública pierde por una controversia injustificada es un día en que la población puede dejar de recibir un servicio, una obra o un bien que ya necesitaba.
La contratación pública debe garantizar igualdad de oportunidades, pero también eficiencia, economía y responsabilidad.
El dinero público no puede pagar las consecuencias de las improvisaciones de los funcionarios, pero tampoco las de quienes pretendan convertir las licitaciones en una competencia interminable de recursos administrativos.
La pregunta que debe responder el órgano rector es sencilla: ¿cuántas veces el Estado dominicano ha tenido que comenzar de nuevo una contratación porque un proveedor que no ganó decidió llevar el procedimiento a una controversia administrativa?
Hasta que esa pregunta tenga una respuesta documentada, el país seguirá sin conocer la verdadera dimensión de un problema que puede estar consumiendo recursos públicos y retrasando la ejecución de las políticas gubernamentales.
Por: Redacción
