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La misión de una institución de derecho público se encuentra reflejada en la normativa que la crea. En el caso de la Junta Central Electoral (JCE), como órgano constitucional autónomo o extrapoder, esta misión se deriva de la Constitución Política de la República Dominicana y de su ley de desarrollo, la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.
Según el artículo 211 de la Constitución, corresponde a la JCE la responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, mientras que el artículo 212 establece que la principal finalidad de esta institución es «organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular». En esencia, la tarea principal de la JCE es garantizar el derecho fundamental al voto, actuando como garante de la democracia.
En sintonía con el mandato constitucional, la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Ley 20-23) ratifica y expande estas atribuciones, señalando que la JCE debe custodiar, mantener y conservar el Registro Civil, la Cédula de Identidad, así como inscribir a los ciudadanos en el Registro Electoral. Este rol fundamental no solo le otorga la facultad de organizar las elecciones, sino también de administrar un sistema vital para la ciudadanía, relacionado con la identidad y el ejercicio de sus derechos.
Ahora bien, para comprender cómo se inserta la modernización del Estado en el contexto de la JCE, es necesario analizar la relación entre las Políticas Públicas y la Gestión Pública. Estas son dos caras de una misma moneda, pues ambas se encuentran orientadas a resolver los problemas públicos que aquejan a la población. Mientras que las Políticas Públicas establecen las directrices y los objetivos, es la Gestión Pública la que se encarga de poner en marcha estos procesos, asegurando su ejecución eficiente y eficaz.
La modernización del Estado no se logra únicamente a través de la creación de nuevas políticas o leyes, sino a través de una transformación profunda de los procesos administrativos y tecnológicos que permitan una gestión pública más eficiente. En el caso de la JCE, esto implica la implementación de tecnologías que agilicen los procesos electorales, la digitalización de los registros civiles y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
La JCE no solo debe cumplir con su función constitucional de supervisar y organizar las elecciones, sino también adaptarse a los nuevos tiempos mediante la simplificación administrativa y el uso de tecnologías para mejorar la transparencia, accesibilidad y eficacia de sus servicios. Este desafío de modernización se extiende más allá de la JCE, abarcando todas las instituciones públicas encargadas de resolver las necesidades de los ciudadanos.
