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Este lunes, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió modificar las medidas de coerción impuestas a los implicados en el caso Intrant, lo que resultó en la liberación de Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Padovani. Los tres fueron acusados de integrar una red de corrupción relacionada con la ejecución fraudulenta de un contrato para la instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo.
Los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán decidieron reemplazar la prisión preventiva de 18 meses que pesaba sobre los acusados por medidas menos severas. Ahora, deberán cumplir con impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y una garantía económica. Hugo Beras y Pedro Padovani deberán pagar 5 millones de pesos cada uno, mientras que Jochi Gómez deberá abonar 2 millones de pesos.
Los jueces consideraron que, al no representar un peligro de fuga, los acusados podrían enfrentar su proceso fuera de prisión. Sin embargo, la jueza Isis Muñiz presentó un voto disidente respecto a la decisión sobre Gómez, argumentando que éste podría destruir pruebas clave del caso.
El Ministerio Público, a través de su director Wilson Camacho, expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte. Camacho indicó que la medida enviada podría enviar un mensaje equivocado a las estructuras de corrupción, aunque aseguró que seguirán adelante con el caso hasta el juicio.
Por otro lado, los abogados defensores de los implicados celebraron la decisión. Carlos Balcácer, abogado de Jochi Gómez, destacó que la justicia había dejado claro que la prisión preventiva no es un recurso necesario en este caso. Mientras tanto, los abogados de Beras y Padovani enfatizaron que la decisión fue justa y que no existía riesgo de fuga.
Los tres imputados están vinculados al contrato adjudicado por el Intrant para la instalación de semáforos, por un monto superior a los 1,300 millones de pesos, el cual está bajo sospecha de haber sido ejecutado de manera fraudulenta. Además, enfrentan cargos por corrupción, estafa al Estado, falsificación de documentos y otros delitos graves.
