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La reciente postura del presidente Luis Abinader, que avala el plan de deportación masiva de haitianos en situación irregular, ha generado controversia en el Congreso Nacional y en diversos sectores productivos del país, especialmente en la construcción y la agricultura, que dependen en gran medida de mano de obra extranjera.
En el centro del debate está la aplicación de la Ley 80-20, que establece que el 80% de los empleados de una empresa deben ser dominicanos, mientras que solo el 20% puede ser extranjero. Esta normativa, que busca regular el empleo de trabajadores foráneos en el país, ha sido objeto de críticas por su falta de aplicación efectiva, lo que ha dado pie a una serie de propuestas y posturas por parte de los legisladores.
El diputado Ramón Castillo, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, expresó que el Estado dominicano debe asumir un papel más activo en la regularización de los trabajadores extranjeros. “El Estado debe legalizar a los haitianos y otros extranjeros que los empresarios quieran emplear en sus empresas o fincas. Cada seis meses, el gobierno debería ser responsable de renovar su estatus legal”, señaló Castillo durante una intervención pública.
El legislador también criticó a ciertos empresarios que, según él, se benefician de la mano de obra barata proveniente de inmigrantes irregulares, sin ofrecerles condiciones laborales dignas ni garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
El tema ha suscitado división entre los sectores productivos. Mientras algunos defienden la necesidad de contar con mano de obra extranjera debido a la escasez de trabajadores nacionales dispuestos a laborar en áreas como la construcción o la agricultura, otros sostienen que la falta de control sobre el empleo de haitianos irregulares contribuye a la precarización laboral y a la explotación de los trabajadores.
Por su parte, el presidente Abinader ha reiterado que la política migratoria del gobierno está enfocada en la regularización de los trabajadores extranjeros que cumplen con los requisitos legales, pero a su vez, enfatizó la necesidad de regular de manera más estricta la presencia de haitianos en situación irregular.
