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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció por primera vez sobre la situación política de Venezuela, que enfrenta una nueva posible consolidación del poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro en 2025. En un claro mensaje, Petro reafirmó el compromiso de Colombia con la estabilidad de las relaciones bilaterales y defendió la postura de su gobierno ante las crecientes críticas.
La declaración de Petro surge como respuesta a una carta firmada por más de 500 colombianos, entre ellos figuras prominentes, que expresaron su rechazo a la presencia del embajador Milton Rengifo en una ceremonia vinculada al supuesto fraude electoral del 28 de julio en Venezuela. Los firmantes exigieron al gobierno colombiano reconsiderar su postura y actuar en coherencia con los principios democráticos que defiende el país.
En su intervención, el presidente colombiano advirtió que romper relaciones diplomáticas con Venezuela, como ocurrió durante la administración de Iván Duque, sería un «gravísimo error». Según Petro, esta medida podría permitir el ascenso de la mafia en la frontera y desencadenar una crisis humanitaria aún más grave. Insistió en que Colombia está comprometida en buscar una solución pacífica y democrática para la crisis venezolana.
“El mayor error colombiano sería repetir lo hecho por Duque y Ramírez. Dejarle la frontera a la mafia y condenar al hambre a colombianos y venezolanos solo desataría el éxodo hacia el norte, lo cual no tiene sentido”, afirmó el mandatario.
En cuanto a la posibilidad de participar en la investidura de Nicolás Maduro, Petro evitó confirmar su asistencia, dejando la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre ambos países.
A pesar de las críticas internas, el gobierno insiste en que su postura no debe interpretarse como un apoyo al chavismo, sino como una estrategia para mantener un canal de diálogo abierto entre los Estados. Sin embargo, esta postura está siendo vista como una prueba de fuego para Colombia, ya que podría generar consecuencias en aspectos comerciales, consulares y fronterizos, además de afectar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se desarrollan en Caracas.
Más de 500 ciudadanos colombianos, incluidos el expresidente Juan Manuel Santos, firmaron la carta abierta instando al gobierno a retirar al embajador de Venezuela, argumentando que el respaldo tácito a un gobierno ampliamente cuestionado podría legitimar la opresión y violaciones a los derechos humanos en el vecino país.
