El gobierno venezolano ha respondido a las críticas de los Países Bajos, Francia e Italia sobre la polémica toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, anunciando el martes la decisión de limitar a tres el número de diplomáticos acreditados en las embajadas de estas naciones. La medida, que deberá cumplirse en un plazo de 48 horas, se ha interpretado como una respuesta directa a la postura de estos países sobre la legitimidad del proceso electoral en Venezuela.
El canciller venezolano, Yvan Gil, difundió un comunicado en el que indicó que los diplomáticos de los tres países deberán contar con autorización escrita de la Cancillería venezolana para desplazarse más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar en Caracas, garantizando el cumplimiento estricto de sus funciones en el país.
Gil calificó de “conducta hostil” las posiciones adoptadas por los gobiernos de Países Bajos, Francia e Italia, acusándolos de apoyar a “grupos extremistas” (en referencia a la oposición) y de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. En su comunicado, el canciller exigió respeto a la soberanía y autodeterminación del país y advirtió que el gobierno bolivariano continuará tomando las acciones necesarias para garantizar su estabilidad, soberanía y el camino hacia la paz y prosperidad.
La toma de posesión de Nicolás Maduro, que tuvo lugar el viernes en una ceremonia en el Palacio Legislativo de Caracas, fue objeto de controversia. Las autoridades electorales, leales al gobierno, declararon a Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio, aunque, a diferencia de elecciones anteriores, no ofrecieron el conteo detallado de los votos.
Por otro lado, el exdiplomático opositor Edmundo González ha sido reconocido como presidente electo por Estados Unidos, varios países europeos y de América Latina, así como por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. La oposición presentó pruebas creíbles de su triunfo, mostrando que González había ganado con un margen superior a 2 a 1, según actas de votación electrónica obtenidas de manera independiente y corroboradas por observadores internacionales, incluyendo expertos de Naciones Unidas y del Centro Carter, quienes calificaron las actas publicadas por la oposición como legítimas.
