El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha condenado a Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de Aza, a cinco años de prisión suspendida por su participación en el esquema de lavado de activos vinculado a los casos de corrupción Coral y Coral 5G. La sentencia, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, considera a Disla culpable de actuar como testaferro de su hijo, gestionando bienes y recursos obtenidos ilícitamente.
Según el Ministerio Público, Disla fue responsable de ocultar recursos sustraídos por su hijo, quien se desempeñaba como cabeza financiera del entramado de corrupción que desvió más de 4,500 millones de pesos del Estado. Las maniobras fraudulentas incluyeron la simulación de contratos, la creación de nóminas irregulares y la malversación de fondos públicos, en las cuales la familia Núñez de Aza jugó un papel central.
El tribunal también ordenó el decomiso de una propiedad ubicada en la Autovía del Nordeste, en Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata, valorada en 474,528 dólares. Esta propiedad incluye una finca con una construcción de cuatro niveles, una granja vacía y una casa en construcción.
Además de la condena de prisión suspendida, Disla deberá cumplir con varias reglas, como mantener un domicilio fijo, realizar 20 horas mensuales de trabajo comunitario y abstenerse de portar armas de fuego. También fue condenada al pago de las costas del proceso judicial y una indemnización de cinco millones de pesos al Estado dominicano por los daños causados.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, en representación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), destacó que esta sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción. Señaló que la condena a Disla es una de las pocas ocasiones en que se dicta sentencia contra un testaferro en un juicio separado, lo que refuerza el compromiso de recuperar los recursos sustraídos al patrimonio estatal.
La Procuraduría estuvo representada por los fiscales Arolin Lemos Félix y Jonathan Pérez Fulcar, quienes presentaron las pruebas que llevaron a la condena de Rosa Antonia Disla por violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano y la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
