El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reaccionó con firmeza este jueves ante la decisión de la Justicia brasileña de denegarle el permiso para viajar a Estados Unidos y asistir a la investidura de Donald Trump, prevista para el 20 de enero en Washington. Bolsonaro calificó la medida como un caso de “lawfare”, un término utilizado para referirse al uso abusivo del sistema judicial con fines políticos.
Desde su cuenta en la red social X, la oficina de Bolsonaro emitió un comunicado en el que expresó que esta decisión judicial es un ejemplo más del uso de la justicia para neutralizarlo políticamente, impidiéndole participar en el debate público y enviando un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia en Brasil. Según Bolsonaro, este tipo de medidas reflejan el «miedo a su popularidad» y a su liderazgo en las encuestas presidenciales de cara a las elecciones de 2026.
Bolsonaro también acusó al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de estar detrás de la decisión judicial, afirmando que el sistema judicial ha sido instrumentalizado para debilitar su figura política. En su declaración, comparó su situación con la de Trump, quien ha enfrentado cargos y procesos judiciales en Estados Unidos, pero ha logrado superar estos obstáculos. Bolsonaro expresó su confianza en que también podrá superar esta medida.
El exmandatario mostró su «grave decepción» con la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien argumentó que existía un riesgo de fuga, lo que llevó a la retención del pasaporte de Bolsonaro. A su juicio, esta justificación carece de fundamento jurídico o lógico y calificó la medida como un intento de restringir sus derechos y evitar que los millones de brasileños que lo apoyan puedan ser representados internacionalmente.
La prohibición de viaje a Bolsonaro se sustenta en una medida cautelar vigente desde febrero de 2024, cuando se le retiró su pasaporte mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022. Además, Bolsonaro es acusado de incitar los violentos asaltos perpetrados por sus seguidores el 8 de enero de 2023 contra las sedes del gobierno, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento por presionar un golpe militar.
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, expresó su rechazo a la solicitud de Bolsonaro para recuperar temporalmente su pasaporte. En su fallo, Gonet señaló que no existía una necesidad urgente que justificara el levantamiento de la medida cautelar, dado que el expresidente no ostenta un cargo oficial y no representa al país en la ceremonia de investidura de Trump.
Bolsonaro había solicitado que se le devolviera su pasaporte por un período de cinco días, del 17 al 22 de enero, tras recibir una invitación formal de Trump para asistir a la ceremonia. Sin embargo, la decisión judicial impide su salida del país, en medio de las investigaciones y cargos en su contra.
