Un juez federal en Washington suspendió este martes la decisión del presidente Donald Trump de congelar millas de millones de dólares en ayudas públicas, una medida que ponía en riesgo la cobertura médica de muchos estadounidenses de bajos ingresos.
La controversia inició con un memorando de la Casa Blanca publicado el lunes por la noche, que ordenaba a agencias federales congelar ciertos gastos de «asistencia» para revisar su conformidad con las «prioridades del Presidente». La decisión afectaba fondos destinados a gobiernos locales, educación y pequeños negocios.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la pausa era «una medida responsable» para analizar el uso de los fondos. Sin embargo, el juez ordenó su suspensión inmediata hasta el próximo lunes 3 de febrero. Fiscales generales de 23 estados anunciaron que impugnarán la orden ejecutiva.
Entre los programas afectados estaban los de transición energética y ayuda en zonas de desastre. Si bien la medida no impactó los fondos de Medicare, portales de acceso a Medicaid fueron bloqueados, según denunció el senador Ron Wyden.
La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, abrió una investigación para proteger estos programas, mientras ONG y grupos empresariales presentaron una querella contra la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca.
Trump defendió su decisión argumentando que busca recortar el gasto público y eliminar «políticas progresistas». El jefe demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó al mandatario de actuar de manera «ilegal» y «anticonstitucional», asegurando que el Congreso tiene la última palabra sobre estos fondos.
El congelamiento de ayuda exterior también afectó a países como Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, afirmó que tendrán que priorizar proyectos críticos para solventarlos con fondos nacionales.
