El director del Observatorio Educativo Dominicano y miembro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Juan Valdez, denunció actos de corrupción en el contrato entre el Ministerio de Educación (MINERD) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), relacionado con la Evaluación de Desempeño Docente, que tiene un valor superior a RD$ 599 millones de pesos.
Valdez, conocido por su postura crítica hacia la gestión educativa del gobierno, acusó que el contrato fue firmado sin transparencia y sin pasar por licitación pública, lo que, según él, contraviene los principios de gestión adecuada de los recursos públicos. Sin embargo, es importante destacar que la OEI, como organismo multilateral con un acuerdo de colaboración con el país, no está sujeta a las mismas regulaciones que una empresa privada.
El dirigente sindical también aprovechó para responsabilizar al ministro de Educación, Ángel Hernández, a quien acusó de mal manejo de los recursos destinados al sistema educativo. Valdez demandó su salida, señalando que el contrato con la OEI no fue diseñado con base en las necesidades reales del sistema educativo ni con un proceso de selección adecuado.
El líder sindical subrayó la grave crisis que enfrenta la educación en la República Dominicana, provocada por la falta de evaluación docente y la ausencia de medidas eficaces en los últimos años. En su opinión, esta situación ha deteriorado el desempeño docente y, por ende, la calidad educativa en el país.
Además, Valdez cuestionó la falta de acción del Ministerio de Educación en cuanto a la mejora de las condiciones laborales de los maestros, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión educativa y la necesidad urgente de reformas. La denuncia también ha puesto en duda la legitimidad de otros contratos en el sector, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio en la dirección del Ministerio de Educación.
Por su parte, fuentes cercanas a la OEI y a la encargada de la organización, Catalina Andújar, han defendido la integridad del proceso, argumentando que la colaboración entre el organismo y el gobierno no requiere licitación pública y que la OEI ha sido siempre reconocida por su seriedad y capacidad al frente de sus proyectos en la región.
Este reclamo de Valdez sigue generando controversia y podría tener implicaciones políticas en el futuro del gobierno y de la gestión educativa en el país.
