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La disputa entre Sargeant Petroleum y la República Dominicana se ha intensificado tras la filtración del monto que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pagó al abogado Emmanuel Esquea Guerrero, quien representa al Estado en el litigio. Esta nueva revelación ha añadido presión al arbitraje internacional iniciado por la empresa, que reclama más de US$57.46 millones por daños y perjuicios derivados de presuntas violaciones al Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.
Sargeant Petroleum, una de las principales compañías internacionales en el sector del asfalto, ha retomado su demanda contra la República Dominicana a través de un arbitraje internacional. La disputa comenzó hace más de 20 años, cuando la empresa firmó un contrato en 2003 con el MOPC para el suministro de cemento asfáltico AC-30. Desde entonces, Sargeant ha realizado inversiones significativas en el país, incluyendo la construcción y renovación de instalaciones y equipos, así como el pago de alquileres anuales por los tanques de almacenamiento. Sin embargo, en 2019, el MOPC dejó de cumplir con los pagos estipulados en el contrato, lo que dio inicio a una serie de disputas legales que aún persisten.
El conflicto escaló cuando Sargeant alegó que el gobierno dominicano no solo incumplió sus compromisos financieros, sino que también favoreció a otros contratistas sin licitación pública. Según la empresa, esta práctica desleal, sumada a lo que consideran una estrategia deliberada para desplazarla del mercado de asfalto, constituye una violación de las disposiciones del DR-CAFTA, específicamente los principios de Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación.
El arbitraje, iniciado en mayo de 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), busca que el gobierno dominicano pague la suma de US$57.46 millones por los daños a las inversiones de Sargeant. La compañía sostiene que sus inversiones fueron indirectamente expropiadas debido a las acciones del gobierno, que ha favorecido a competidores locales, particularmente a Refidomsa, una empresa petrolera estatal. Desde la llegada al poder del presidente Luis Abinader en 2020, el MOPC comenzó a adquirir la mayor parte del asfalto AC-30 de Refidomsa, sin realizar un proceso de licitación pública.
La acusación de Sargeant se ve fortalecida por el hecho de que, en 2021, el gobierno dominicano adquirió la totalidad de las acciones de Refidomsa, lo que refuerza la percepción de que el gobierno ha favorecido a esta empresa estatal en detrimento de Sargeant. Esta situación ha sido vista por la empresa como parte de un plan para desplazarla del mercado de asfalto en el país, a pesar de que Sargeant ha estado operando en la República Dominicana durante más de 25 años con un historial ejemplar.
El caso de Sargeant Petroleum pone en evidencia las tensiones que pueden surgir entre gobiernos y empresas extranjeras en el marco de acuerdos comerciales internacionales. El CIADI, encargado de dirimir disputas de inversión, será el encargado de tomar una decisión final en este caso, cuya resolución podría tener un impacto significativo en la política económica y comercial de la República Dominicana. Además, este proceso podría influir en la relación del país con inversionistas extranjeros, que seguirán de cerca este caso como un ejemplo de cómo se manejan las disputas relacionadas con el Tratado DR-CAFTA.
El resultado de este arbitraje podría sentar un precedente importante para futuras negociaciones y acuerdos comerciales en la región, especialmente para aquellas empresas extranjeras que operan en países con sistemas legales complejos y disputas comerciales internacionales. La atención se centrará en cómo el tribunal internacional abordará las acusaciones de Sargeant y si el gobierno dominicano deberá hacer frente a una compensación significativa por los daños a las inversiones de la empresa.
