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El gobierno de Nicolás Maduro ha expresado su más firme rechazo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, acusando a Estados Unidos de criminalizar a los migrantes venezolanos. Según el chavismo, esta medida injusta e infame afecta a miles de venezolanos que, como víctimas de las sanciones impuestas por EE.UU. y otros países occidentales, han abandonado su nación en busca de una vida mejor.
A través de un comunicado oficial, el gobierno venezolano calificó la invocación de esta ley como un acto «anacrónico, violatorio de los derechos humanos e ilegal», destacando que «evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad». Además, denunciaron que los venezolanos en territorio estadounidense están siendo objeto de persecución, al estar expuestos a detenciones y expulsiones bajo la etiqueta de «enemigos extranjeros».
La Ley de Enemigos Extranjeros, según la administración de Trump, tiene como objetivo acelerar las deportaciones de los miembros del Tren de Aragua, una banda transnacional de origen venezolano acusada de amenazas y ataques contra el territorio de EE.UU. La medida establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que no estén naturalizados ni sean residentes permanentes legales en EE.UU. están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados.
Venezuela, por su parte, criticó duramente la inclusión de niños de 14 años en esta categoría, considerándola una amenaza directa a los derechos fundamentales de los menores. «Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas», señaló el comunicado.
El gobierno de Maduro reiteró que los venezolanos que migraron lo hicieron por razones económicas y humanitarias, resultado de las «penurias creadas por el bloqueo criminal» y las sanciones impuestas por EE.UU. «No son terroristas, no son criminales, son víctimas», afirmó el chavismo, acusando nuevamente a los opositores venezolanos de haber solicitado la aplicación de medidas coercitivas unilaterales.
En respuesta a lo que consideran una violación de los derechos humanos, el oficialismo convocó a la unidad nacional y prometió desarrollar todos los mecanismos diplomáticos, jurídicos y políticos necesarios para defender los derechos de los migrantes venezolanos. También aseguraron que llevarán este caso ante la comunidad internacional para exigir una respuesta contundente.
La Ley de Enemigos Extranjeros no se invocaba en EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés, un episodio tristemente recordado por su carga de racismo. Esta vez, sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente el uso de la ley, con una suspensión de 14 días, mientras se revisa la legalidad de la medida.
A pesar de esto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que, bajo esta ley, más de 250 personas consideradas miembros del Tren de Aragua han sido deportadas a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha ofrecido encarcelarlas.
Este conflicto entre los gobiernos de EE.UU. y Venezuela pone de relieve las tensiones diplomáticas sobre el tratamiento de los migrantes venezolanos, mientras se profundiza la crisis humanitaria en el país suramericano.
