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El Juzgado de Ávila analiza si trabajadores de la cárcel facilitaron un móvil y protección a la asesina de Gabriel Cruz.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investiga desde hace casi un año si varios funcionarios de la prisión de Brieva habrían intercambiado favores sexuales con Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, a cambio de privilegios dentro del centro penitenciario.
Según informa El País, Quezada habría recibido un teléfono móvil en prisión y avisos previos sobre los cacheos rutinarios, lo que le habría permitido ocultar el dispositivo y evitar ser descubierta. La madre del menor asesinado, Patricia Ramírez, ya había denunciado públicamente estas irregularidades, alertando incluso a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Las diligencias judiciales recogen testimonios de la directora del centro, un educador y varias reclusas —incluida la actual pareja de Quezada— que apuntan a que la interna habría mantenido relaciones sexuales con al menos dos funcionarios, uno de los cuales fue detenido en septiembre de 2024 por “abuso de la función pública”. Este trabajador sería quien le proporcionó el móvil, presuntamente usado para grabar encuentros íntimos y chantajear a la dirección del centro con el fin de lograr su traslado a una prisión en Barcelona.
Las grabaciones estarían en poder de su pareja sentimental, quien también habría amenazado con difundir el material para “hundir” a la dirección del centro penitenciario.
La justicia ha ampliado recientemente las diligencias para investigar si hay lugar a sanciones disciplinarias tanto contra Quezada como contra el cocinero de la prisión, con quien también habría mantenido relaciones sexuales, según declararon otras internas.
El caso ha reavivado la indignación de la familia de Gabriel Cruz y ha puesto en entredicho el control y la seguridad dentro del centro penitenciario de Brieva.ç
EL PAIS
