En una sorprendente maniobra legislativa, el gobierno ha decidido revertir el Artículo 174 de la Constitución, tras recibir una contundente carta de la procuradora Miriam Germán. Este cambio, anunciado en una rueda de prensa urgente, ha generado una oleada de reacciones tanto en la esfera política y en la opinión pública generalizada.
La misiva, enviada el pasado 12 de agosto, expresaba el descontento de Germán por no haber sido consultada acerca de los cambios propuestos en el artículo 174 de la constitución, el cual regula la composición del Consejo Superior del Ministerio Público.
En respuesta a la carta de Germán, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que el presidente Abinader ha decidido retirar la modificación prevista para el mencionado artículo. Peralta destacó que, en concordancia con el espíritu democrático que caracteriza al gobierno, se ha optado por excluir del proyecto las modificaciones relacionadas con el Consejo Superior del Ministerio Público
Por otro lado, Peralta confirmó que el proceso de consulta sobre la reforma constitucional sigue en marcha. Ayer, un equipo de la Consultoría Jurídica se reunió con diversos actores y representantes en Santiago, en un esfuerzo por mantener un diálogo abierto y receptivo con la ciudadanía sobre el tema.
Este escenario plantea serias preguntas sobre el proceso legislativo y la transparencia en la toma de decisiones que afectan a instituciones fundamentales del sistema judicial. La falta de consulta no solo debilita el proceso democrático, sino que también pone en riesgo la integridad de las reformas propuestas. Germán ha dejado claro que no ha emitido una opinión
Es imperativo que las reformas en áreas tan cruciales como el Ministerio Público se lleven a cabo con la mayor apertura y rigor posible. La ausencia de una consulta adecuada a las partes interesadas puede llevar a decisiones mal fundamentadas que, a largo plazo, podrían socavar la confianza pública en las instituciones judiciales. Para que cualquier reforma tenga éxito y sea aceptada por todos los sectores involucrados, es esencial que se realicen consultas exhaustivas y se consideren las opiniones de quienes están en el epicentro de la administración de justicia.
La decisión del gobierno subraya la importancia de la consulta y el diálogo en los procesos de reforma constitucional, buscando así una mayor participación y consenso en temas cruciales para el sistema judicial del país.
El Artículo 174, que había sido una pieza clave en la estructura constitucional, establecía importantes normas y regulaciones que ahora serán modificadas o eliminadas. La decisión de revertir este artículo se produce en un momento de gran incertidumbre política, lo que ha levantado preocupaciones sobre sus posibles implicaciones a largo plazo.
La reciente propuesta de reforma al sistema de justicia ha desatado una controversia notable al revelar una preocupante falta de consulta con las entidades más relevantes en el proceso. La carta enviada por Germán ha puesto de manifiesto que ni él ni la Procuraduría General de la República fueron consultados sobre los detalles del proyecto de reforma, particularmente en lo que respecta a la selección del Procurador General y la formación del Consejo Superior del Ministerio Público.
Este escenario plantea serias preguntas sobre el proceso legislativo y la transparencia en la toma de decisiones que afectan a instituciones fundamentales del sistema judicial. La falta de consulta no solo debilita el proceso democrático, sino que también pone en riesgo la integridad de las reformas propuestas. Germán ha dejado claro que no ha emitido una opinión oficial sobre la reforma en cuestión, pero el hecho de que las principales figuras involucradas no hayan sido consultadas sugiere una falla en el proceso de deliberación.
Es imperativo que las reformas en áreas tan cruciales como el Ministerio Público se lleven a cabo con la mayor apertura y rigor posible. La ausencia de una consulta adecuada a las partes interesadas puede llevar a decisiones mal fundamentadas que, a largo plazo, podrían socavar la confianza pública en las instituciones judiciales. Para que cualquier reforma tenga éxito y sea aceptada por todos los sectores involucrados, es esencial que se realicen consultas exhaustivas y se consideren las opiniones de quienes están en el epicentro de la administración de justicia.
