El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, remitió este jueves al Tribunal Constitucional la reforma migratoria aprobada recientemente por el Parlamento, que restringe el derecho a la reagrupación familiar de migrantes. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro con el respaldo de la ultraderecha.
Rebelo de Sousa solicitó que el texto sea examinado “con carácter de urgencia” por posibles violaciones a la Constitución, especialmente en lo relativo al principio de unión familiar, igualdad y no discriminación.
En un comunicado oficial, la Presidencia portuguesa expresó que algunas disposiciones podrían “restringir de manera desproporcionada” el derecho de los migrantes a vivir con sus seres queridos, lo que podría incentivar rutas migratorias irregulares.
El presidente subrayó además que los cambios podrían profundizar la desigualdad entre migrantes según su nivel de cualificación profesional, y alertó sobre las consecuencias negativas para los menores, al señalar que “los niños merecen una protección especial”, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por Portugal.
La polémica reforma, aprobada el 16 de julio con los votos del centroderecha y la ultraderecha, exige que los migrantes cuenten con al menos dos años de residencia legal antes de solicitar la reagrupación familiar.
También promueve visados para trabajos altamente cualificados y modifica los requisitos para ciudadanos de países lusófonos.
Rebelo de Sousa también cuestionó el procedimiento apresurado con el que fue tramitada la ley en el Parlamento, sin audiencias públicas ni consultas previas, y pidió una revisión preventiva del texto antes de firmarlo como ley.
La reforma ha sido duramente criticada por partidos de izquierda y organizaciones de la sociedad civil, que solicitaron audiencias con el mandatario para expresar su preocupación sobre los efectos sociales y legales de la medida.
