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En medio del intenso debate sobre la Reforma Fiscal en el país, las declaraciones del Ministro de Hacienda Jochi Vicente y la economista Germania Montás se destacan por sus enfoques divergentes. Germanía, una conocida economista, ha expresado su preocupación acerca de los posibles efectos negativos de la reforma en las pequeñas y medianas empresas, sugiriendo que podría llevar a un aumento en los costos operativos que afectaría la estabilidad del sector.
La reciente promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el pasado 17 de julio de 2024, introduce un marco normativo que podría impactar el destino de los ingresos generados por la Reforma Tributaria en relación con la inversión pública. La ley, que ahora será sometida a evaluación por la Cámara Alta, tiene como objetivo principal imponer límites al crecimiento del gasto público y asegurar una administración fiscal más disciplinada.
Según el ministro de Finanzas, la nueva legislación establece un tope para el incremento del gasto público primario del 3% más la inflación proyectada, que se estima en un 7% anual. Esto implica que el gobierno deberá tomar decisiones más cautelosas sobre el uso de los fondos, evitando un descontrol en el gasto.
Uno de los puntos clave de la Ley de Responsabilidad Fiscal es la reducción de la carga de la deuda, que actualmente consume una parte significativa de los ingresos del país. De cada 100 pesos recaudados, 22 se destinan al pago de intereses de la deuda, limitando así la disponibilidad de recursos para otras áreas esenciales. La ley busca crear un espacio fiscal que permita un crecimiento más controlado de la deuda en relación con la economía.
El ministro destacó que, a pesar de la existencia de excepciones para eventos extraordinarios, como desastres naturales que superen el 0.3% del PIB, la norma pretende garantizar una mayor previsibilidad y certidumbre en el manejo del gasto público. En situaciones de bajo crecimiento económico, se permitirá ajustar la política fiscal, siempre que se mantenga el compromiso de no superar el 40% del PIB en deuda para el año 2035.
Ambos puntos de vista resaltan la complejidad del tema y la necesidad de un diálogo constructivo para encontrar un equilibrio que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Mientras Vicente y Montás continúan ofreciendo sus perspectivas, la discusión sobre la reforma fiscal sigue siendo uno de los temas más debatidos en el ámbito económico del país.
