La Cámara de Diputados de Argentina rechazó este miércoles, por amplia mayoría, el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad y obliga al Estado a incrementar los fondos destinados a la asistencia de este sector.
Con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja ratificó la norma aprobada el 10 de julio, que extiende la emergencia en discapacidad hasta finales de 2027. La medida busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones y reforzar la asistencia a personas con discapacidad.
El debate fue seguido en las afueras del Parlamento por familiares y profesionales que prestan servicios a este colectivo, quienes reclamaron la vigencia de la ley.
El veto deberá ser tratado ahora en el Senado. Si allí también se consigue el respaldo de al menos dos tercios, la norma entrará en vigor pese a la objeción del Ejecutivo.
El diputado peronista Daniel Arroyo, autor del proyecto, calificó el veto de “absurdo”, alegando que no implica un gran impacto fiscal, mejora la situación de las personas con discapacidad y ordena un sistema actualmente colapsado.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley representaría entre un 0,28 % y un 0,51 % del PIB.
El presidente Milei vetó la norma el pasado 2 de agosto bajo el argumento de que su aplicación atentaba contra el equilibrio fiscal, luego de que el Gobierno reportara un superávit primario del 1,1 % del PIB en los primeros siete meses del año. Ese mismo día, también vetó una ley que disponía un aumento “excepcional y de emergencia” en las jubilaciones, asunto que será discutido próximamente en la Cámara Baja.
Desde la bancada opositora, la diputada Patricia Vázquez (Propuesta Republicana) cuestionó la iniciativa y la calificó de “desprolija”, asegurando que carece de un presupuesto específico y que “levanta una bandera falsa e hipócrita”.
Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Ejecutivo evalúa un incremento en las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, aunque sin precisar montos.
