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El gobierno de Nicaragua ha dado un paso significativo en el endurecimiento de su control sobre las organizaciones religiosas y no gubernamentales, anunciando nuevas medidas que incluyen la imposición del impuesto a la renta para iglesias y entidades religiosas.
La reciente resolución, firmada por el presidente Daniel Ortega y publicada en el diario oficial La Gaceta, deroga la exención fiscal previamente otorgada a estas organizaciones bajo la “Ley de Concertación Tributaria”.
Además, el gobierno ha ordenado el cierre de 151 ONG, apenas tres días después de haber cancelado el registro de 1,500 organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas de carácter religioso.
Esta serie de acciones se considera como una intensificación sin precedentes del control gubernamental desde las protestas de 2018, y ha sido interpretada por la oposición en el exilio como un ataque directo a la sociedad civil y sus capacidades de acción y apoyo comunitario.
