Un juez peruano ordenó nueve meses de prisión preventiva contra cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), acusados de haber cometido el delito de tortura agravada contra una interna en el penal Víctor Pérez Liendo, ubicado en Huaraz, capital de la región de Áncash.
La medida fue ratificada en segunda instancia por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, que confirmó la implicación de tres hombres y dos mujeres en los hechos denunciados.
Según la investigación liderada por la fiscal provincial Ada del Rocío Príncipe, la víctima fue sometida en mayo de 2024 a prácticas de tortura que incluyeron ahogamiento, desnudo forzoso, agresiones físicas y la fractura de un pie, atentando contra su integridad y dignidad.
Este caso marca un precedente en el país, al tratarse de la primera prisión preventiva por un delito contra la humanidad en Áncash y la primera a nivel nacional contra personal penitenciario.
La fiscal Príncipe reveló que la investigación se inició tras una llamada anónima recibida en mayo del año pasado, que alertaba sobre abusos en el pabellón femenino del penal. A partir de ese momento, se realizaron diligencias, entrevistas y recolección de pruebas que sustentaron el pedido fiscal.
El delito de tortura agravada, por su severidad, contempla penas de entre quince y veinte años de prisión en la legislación peruana.
