La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República reanudará este lunes a las 2:00 de la tarde el estudio del proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP), presentado por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y complementado con propuestas de otros legisladores.
Durante la sesión, los senadores analizarán las observaciones emitidas por la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de las consultas realizadas a distintas instituciones del sistema de justicia y expertos en el área penal.
El proyecto de Fernández busca modernizar el sistema procesal penal dominicano, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales, enfrentar con mayor eficacia la criminalidad y fortalecer el Estado de derecho.
Entre los principales puntos de la propuesta se destacan:
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Reforma al sistema de apelación, estableciendo que la Corte de Apelación debe emitir sentencia directa, incluso cuando anule el fallo de primer grado, para evitar retrasos innecesarios.
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Creación de un procedimiento especial para infracciones de acción pública a instancia privada, eliminando la etapa preliminar y descongestionando los tribunales de instrucción.
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Limitaciones al uso de la suspensión condicional del procedimiento, excluyendo delitos graves como corrupción, narcotráfico, violencia intrafamiliar, lavado de activos y delitos contra menores.
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Ajustes en los criterios para aplicar prisión preventiva, según la gravedad del delito.
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Ampliación del plazo máximo para procesos complejos, de cuatro a cinco años.
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Incorporación de criterios establecidos por sentencias del Tribunal Constitucional.
Fernández afirmó que esta reforma representa un paso firme hacia una justicia más eficiente, sin privilegios y acorde a las nuevas realidades del crimen organizado.
“El país necesita un Código Procesal Penal actualizado, que garantice una justicia efectiva para todos los ciudadanos”, expresó el legislador capitalino.
La revisión de este proyecto cobra aún más relevancia luego de que el Tribunal Constitucional advirtiera que, si no se corrige el error de procedimiento en la reforma de 2015, volvería a estar vigente la antigua Ley 76-02, lo que supondría un grave retroceso en materia de justicia penal.
Con esta nueva sesión de trabajo, el Senado reafirma su compromiso con una reforma integral del CPP, que responda a las demandas sociales y refuerce la confianza ciudadana en las instituciones judiciales del país.
