El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva controversia internacional al sugerir este jueves que España debería ser expulsada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), debido a su negativa a cumplir con el nuevo objetivo de gasto en defensa del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), solicitado por la administración estadounidense.
“Solicité que pagaran un 5 %, no un 2 %, y la mayoría pensó que eso no iba a suceder. Y sucedió prácticamente de manera unánime. Tuvimos un rezagado, era España. No tienen excusa para no hacer esto. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, expresó Trump desde el Despacho Oval, durante una rueda de prensa junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb.
La declaración se produce tras una cumbre de la Alianza Atlántica en la que la mayoría de los 32 países miembros acordaron incrementar sus presupuestos militares, alineándose con la exigencia de Washington. España, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de no superar el 2.1 % del PIB, cifra avalada por la propia OTAN.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justificó la postura de su país señalando que el aumento del gasto militar comprometería el fortalecimiento del Estado de bienestar. “España es un miembro comprometido y de pleno derecho de la OTAN”, afirmaron desde La Moncloa, en respuesta a las declaraciones de Trump.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció que España contará con cierta flexibilidad para alcanzar hasta un 3.5 % del PIB en el mediano plazo, mientras que otros países europeos como Alemania, Francia e Italia han mostrado comprensión hacia la posición española.
Expertos en política internacional señalan que, aunque las palabras de Trump tienen un fuerte impacto político, no existen mecanismos formales para expulsar a un país de la OTAN, por lo que la amenaza se interpreta más como una presión diplomática que como una acción viable.
La tensión ha generado reacciones internas en España. La oposición acusa al Gobierno de debilitar la posición del país en la Alianza, mientras el Ejecutivo insiste en mantener una política de defensa soberana, equilibrada y compatible con sus prioridades sociales.
