Las diputadas que presentaron el proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia y coerción reproductiva decidieron retirar la disposición que permitía al presidente considerar un “indulto anticipado” para médicos que practicaran abortos a niñas embarazadas víctimas de violación o incesto.
La iniciativa, impulsada por la diputada perremeísta Margarita Tejeda y respaldada por otras 35 congresistas, se había planteado originalmente como una alternativa frente a la prohibición legal del aborto en el país. Sin embargo, tras la publicación en un medio de comunicación sobre el plan denominado “Déjala Ir”, las legisladoras modificaron el texto para eliminar la polémica medida.
La nueva redacción, que aún debe formalizarse en la Cámara de Diputados, establece que:
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El aborto sigue totalmente prohibido, sin excepciones, indultos ni mecanismos de no persecución penal.
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En casos de niñas o adolescentes embarazadas por violación o incesto, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público deberán informar que la interrupción del embarazo “no procede por estar prohibida por la ley penal”.
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Se activará una ruta de protección integral para la menor, que incluye atención médica, apoyo psicológico, acompañamiento legal, continuidad educativa y medidas de protección frente al agresor.
El proyecto forma parte de un conjunto de 18 iniciativas que buscan disminuir la violencia contra las mujeres y erradicar los feminicidios en un plazo de diez años.
