Hace cuarenta años, un muchacho barbudo de Ciénaga de Oro ayudaba a planear el secuestro de un senador y el incendio del Palacio de Justicia. El M-19 –su M-19– irrumpió con metralletas y dinamita. Veintiséis jueces muertos, doscientos heridos, una Corte Suprema convertida en pira funeraria.
Petro no apretó el gatillo, pero firmó los pliegos: logística, rutas, códigos. Luego lavó la imagen: desmovilización, Congreso, ministerio. El cuento funcionó.
Hoy ese muchacho viste traje en la Casa de Nariño mientras Colombia sangra. El mismo que prometió diálogo hoy dialoga… con los narcos.
La Casa Blanca, cansada, lo acaba de sancionar: Orden Ejecutiva 1,459, 24 de octubre de 2025. Activos congelados del presidente, del ministro del Interior y de su hermana. Razón: licencia implícita para que la coca colombiana llegue hasta Brooklyn. Trump no se calló: decertificación, dijo.
A partir de enero, menos pagos, menos remesas, menos dólares. El dólar saltó a cuatro mil setecientos pesos en dos días. Dentro, el desastre económico habla solo. Crecimiento de uno punto siete en dos mil veinticuatro, proyección de dos puntos cinco para este año: el FMI lo dice con cara de funeral. Inflación de cuatro puntos cinco, déficit fiscal de cinco puntos uno del PIB.
La reforma laboral –ley dos mil cuatrocientos sesenta y seis– subió costos laborales un treinta por ciento: las pymes despiden, el desempleo se acerca al doce. El ministro de Minas cuenta cómo Petro vetó licencias petroleras: doscientos mil millones de dólares perdidos, caja vacía.
El pueblo, dividido: unos gritan golpe imperial; otros, más corrupción, más hambre. Así termina Petro: sancionado por Washington, envidiado por Caracas, despreciado en Bogotá. Un exguerrillero que volvió al poder y trajo el mismo ruido: balas, amenazas, humo. Solo que ahora las balas son palabras, y el humo es pobreza.
