El apagón nacional del 11 de noviembre paralizó a la República Dominicana y expuso graves fallas en el sistema eléctrico. El gobierno atribuyó el evento a un error humano en la transmisión, pero las consecuencias fueron mucho más profundas: pasajeros atrapados en el Metro de Santo Domingo, contradicciones entre el ministro de Energía y minas y el presidente del CUED sobre la energía propia del Metro, y explicaciones poco convincentes de la Opret sobre por qué no se activaron los 40 megavatios disponibles.
La oposición, encabezada por el expresidente Leonel Fernández, calificó el apagón como un acto de ineficiencia y descuido incalificable, aumentando la presión política sobre el gobierno. Mientras tanto, la investigación oficial sigue en curso, pero la ciudadanía exige responsabilidades claras y sanciones concretas. El medio Debate.Do también se ha sumado a esa exigencia, reclamando respuestas firmes y transparentes sobre lo ocurrido y sobre las medidas que se tomarán para evitar que un evento similar vuelva a repetirse.
El apagón no fue solo un fallo técnico, fue un golpe institucional que dejó al descubierto la fragilidad de los protocolos de supervisión y la falta de coordinación entre las autoridades. La pregunta que se impone es inevitable: ¿cuáles cabezas van a rodar luego del apagón general?
