El Ministerio Público expresó este jueves su confianza en que continúe avanzando la audiencia preliminar del caso Calamar, proceso en el que se imputan actos de corrupción administrativa a los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros exfuncionarios acusados de defraudar al Estado con más de RD$19,000 millones.
Durante la jornada, el fiscal litigante Arolin Lemus informó que presentaron sus medios de defensa el excontralor Daniel Omar de Jesús Caamaño, así como los imputados Manuel Morillo Gil, Manuel Morillo Soto y Rosa Arias Gil.
La audiencia fue recesada por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debido a una condición médica del exsenador Rafael Calderón, quien debió acudir a un centro de salud. Tras su retorno, la vista continuó hasta la tarde y se reanudará este viernes a las 9:00 a. m. con la defensa de Alejandro Constanzo.
Estructura, desvío de fondos y campaña electoral
Según la acusación, los procesados conformaban una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante:
- Pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública
- Sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020
En el expediente también figuran:
- Luis Miguel Piccirillo, exdirector del CEA
- Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional
- Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar
Colaboración procesal y criterio de oportunidad
En audiencias recientes, el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas Guerrero, declaró que Donald Guerrero tenía pleno conocimiento de las maniobras fraudulentas. Chalas admitió su responsabilidad y devolvió RD$20 millones al Estado, como parte de un acuerdo con las autoridades.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la aplicación del criterio de oportunidad a favor de Chalas, tras su colaboración efectiva en la investigación, aportando detalles sobre la red criminal y los mecanismos utilizados para el cobro ilegal a bancas de apuestas.
Chalas afirmó que ocupó la dirección entre 2016 y 2019, aunque su función era “solo de nombre”, bajo instrucciones del entonces ministro de Hacienda.
