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Ministro de Defensa y diputado Hondureño renuncian en medio de investigación por vínculos con el narcotráfico

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El Ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, y su padre, Carlos Zelaya, quien es diputado y secretario del Congreso, han presentado sus renuncias este sábado. La decisión llega en un contexto de creciente controversia relacionada con presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta crisis se produce solo tres días después de que la presidenta Xiomara Castro anulara el tratado de extradición con Estados Unidos, lo que ha intensificado la presión sobre los funcionarios implicados.

Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la actual presidenta, anunció su dimisión para someterse a una investigación sobre sus supuestos nexos con traficantes de drogas.

Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la actual presidenta, anunció su dimisión para someterse a una investigación sobre sus supuestos nexos con traficantes de drogas. En una declaración a la prensa, el legislador expresó su deseo de enfrentar el proceso judicial sin las posibles protecciones asociadas a su cargo. “Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y se me investigue”, afirmó.

Poco después, su hijo José Manuel Zelaya, Ministro de Defensa, también dimitió. En una publicación en la red social X, el ahora exministro justificó su renuncia como un acto de transparencia para permitir una investigación exhaustiva. “Para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como Ministro de Defensa ante la Presidenta”, escribió, destacando su compromiso con la “integridad y el honor” de su padre.

La situación se complicó aún más cuando Carlos Zelaya admitió haber participado en una reunión en 2013 con un conocido narcotraficante hondureño, donde se discutió una supuesta contribución financiera a la campaña electoral del partido Libertad y Refundación (Libre). Este reconocimiento ha encendido las alarmas sobre la posible implicación de altos funcionarios en actividades ilícitas, intensificando así la crisis política en el país.

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