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El presidente Luis Abinader ha promulgado la Ley 38-24, una nueva legislación que introduce la cláusula de conciencia como una herramienta crucial para proteger los derechos laborales de los periodistas en República Dominicana. Esta ley, sancionada el pasado 9 de agosto, establece un marco jurídico destinado a salvaguardar la independencia profesional y la integridad ética de los periodistas, asegurando que puedan desempeñar su labor sin comprometer sus principios.
La Ley 38-24 reconoce oficialmente la cláusula de conciencia del periodista como un derecho fundamental dentro del ejercicio de su libertad de información. Esta cláusula garantiza que los periodistas mantengan la objetividad y la pluralidad en su trabajo, considerando su rol esencial en el sistema democrático y su derecho a transmitir y recibir información libre.
De acuerdo con el artículo tres de la ley, la cláusula de conciencia se define como una condición implícita en el contrato laboral de los periodistas. Esta cláusula estipula que, si un periodista decide terminar su relación laboral unilateralmente debido a cambios en la política editorial o en la orientación ideológica del medio, los efectos económicos serán equivalentes a los de un despido por parte del empleador. Este mecanismo busca asegurar la independencia del periodista como un bien jurídico protegido bajo esta legislación.
Además, el artículo ocho establece que los periodistas pueden invocar la cláusula de conciencia si se producen cambios significativos en el carácter o la orientación del medio para el que trabajan, lo cual podría afectar su honor, reputación o intereses morales. La ley también permite a los periodistas considerar que se encuentran «liberados de sus obligaciones» con la empresa en caso de cambios de titularidad del medio o si se les traslada a un medio con una línea editorial que contradiga su orientación profesional.
Esta nueva legislación también ofrece un procedimiento claro para invocar la cláusula de conciencia, diferenciando entre relaciones laborales en instituciones privadas y en la administración pública, conforme al Código de Trabajo y a la ley de función pública, respectivamente.
Con la promulgación de la Ley 38-24, República Dominicana refuerza el compromiso con la libertad de prensa y la protección de los derechos laborales de los periodistas, fortaleciendo así el sistema democrático y garantizando una información más objetiva y plural.
