El Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 676-25, mediante el cual transforma el Programa Cartas Compromiso al Ciudadano en un nuevo modelo denominado Cartas de Servicios, con el objetivo de elevar la calidad de la atención ofrecida por las instituciones públicas y reforzar la transparencia en la gestión estatal.
La disposición deroga los artículos 11, 12, 13 y 14 del Decreto núm. 211-10, del 15 de abril de 2010, y redefine los deberes y responsabilidades de las entidades gubernamentales, priorizando un enfoque más moderno y centrado en las necesidades del usuario.
Esta actualización representa un paso importante en la modernización de la administración pública, ya que incorpora herramientas orientadas a la experiencia del ciudadano, permitiendo identificar con mayor precisión sus expectativas y demandas. De esta forma, los servicios públicos serán diseñados y ajustados tomando en cuenta al usuario como eje principal.
La nueva estrategia será dirigida por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y pone especial énfasis en el seguimiento permanente y la medición de la calidad de los servicios. Con ello, se busca que las instituciones evalúen su desempeño, presenten resultados concretos y promuevan una gestión basada en el control, la rendición de cuentas y la mejora continua.
Entre las principales novedades del decreto se establece que todas las instituciones con Cartas de Servicios aprobadas deberán integrar sus trámites y prestaciones al Catálogo de Servicios del Estado, lo que facilitará el acceso de la ciudadanía, además de impulsar la automatización y la oferta de servicios digitales.
El programa tiene como finalidad garantizar servicios más eficientes, transparentes y confiables, fortaleciendo la relación entre el ciudadano y el Estado. Asimismo, las Cartas de Servicios funcionarán como instrumentos de monitoreo y evaluación, asegurando que la calidad de los servicios responda a las expectativas de la población.
La implementación de esta metodología se realizará de manera priorizada, dando preferencia a aquellas instituciones cuyos trámites tengan mayor impacto social, alta demanda ciudadana y alineación con las estrategias gubernamentales, los planes nacionales de desarrollo y la agenda de transformación digital.
