La Dirección General de Migración (DGM) comenzó el año 2026 con un fuerte despliegue de operativos, deteniendo a 837 extranjeros en situación migratoria irregular y deportando a 686 a sus respectivos países. Esta información fue difundida por la institución el 1 de enero de 2026, como parte de su compromiso con el control y orden migratorio en el país.
Los operativos se realizaron a nivel nacional, cumpliendo con la Ley General de Migración No. 285-04 y las políticas del gobierno dominicano. Estos procedimientos se ejecutaron con el fin de garantizar el orden y la seguridad en el país, siguiendo estrictamente los protocolos legales establecidos.
Los lugares con mayor incidencia de detenciones fueron el Gran Santo Domingo y el Polígono Central del Distrito Nacional. Zonas como Villa Mella, Los Alcarrizos, Los Mameyes en Santo Domingo Este y Cristo Rey fueron algunas de las áreas con mayor actividad. Además, se realizaron operativos en otras regiones del país, destacando Hato Mayor–El Seibo (67 arrestos), Independencia–Jimaní (63), y La Altagracia–La Romana (53), incluidos Bávaro y Verón.
También se llevaron a cabo acciones en la Zona Este, con presencia en localidades como Benerito y La Ceiba, y en la zona noroeste, particularmente en la provincia fronteriza de Montecristi, con intervenciones en Villa Elisa, El Vigilante y Villa Vásquez. En el sur del país, Barahona también fue escenario de varios operativos, abarcando áreas como Vicente Noble, Fondo Negro y Las Minas.
En total, 709 detenciones fueron resultado de operativos directos realizados por la DGM, mientras que las instituciones de seguridad del Estado, como el Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza, entregaron a 128 personas a la DGM.
La deportación de los 686 ciudadanos extranjeros se efectuó a través de los puntos de control fronterizos en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, donde fueron procesados de acuerdo a los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias.
La DGM reafirmó que estos operativos se llevan a cabo de forma permanente y focalizada, respetando siempre el marco legal, con el objetivo de reforzar el control migratorio, proteger la seguridad nacional y garantizar el orden público. Todo ello en coordinación con las fuerzas de defensa y seguridad del Estado.
