En la República Dominicana, cada vez que una figura externa al entramado tradicional de los partidos asume responsabilidades públicas con la intención de aportar orden, eficiencia y decencia, se activa un patrón conocido. No es casual ni coyuntural: es estructural. El sistema político, acostumbrado a funcionar bajo reglas no escritas, reacciona cuando alguien amenaza con romperlas.
Durante décadas, la política dominicana operó sobre la base del control, la lealtad ciega y la tolerancia selectiva. A unos se les permitía todo; a otros, nada. Quien no pertenecía al círculo correcto era visto como una amenaza, no como una oportunidad. Ese modelo, sin embargo, está agotado. Y precisamente por eso reacciona con tanta violencia cuando siente que pierde terreno.
La respuesta rara vez es el debate serio o la evaluación objetiva de la gestión. Lo que emerge con rapidez es la maquinaria del descrédito: acusaciones sin pruebas, rumores amplificados, narrativas diseñadas para sembrar dudas y erosionar reputaciones. Todo ello disfrazado de fiscalización, cuando en realidad se trata de una estrategia vieja, burda y profundamente dañina para la democracia.
El país de hoy no es el de ayer. La ciudadanía observa, compara y juzga. El electorado ya no se conforma con discursos grandilocuentes ni con guerras internas que nada aportan a su calidad de vida. Exige resultados, coherencia y seriedad. Y, sobre todo, castiga la hipocresía.
Aun así, persiste una clase política que se niega a aceptar esa realidad. Incapaz de competir con ideas o con trabajo, recurre al ataque personal como mecanismo de supervivencia. Y frente a eso, aparece otro fenómeno igual de preocupante: el silencio de quienes saben que lo que ocurre es injusto, pero prefieren callar por cálculo político, temor a la competencia o simple comodidad.
Ese silencio no es neutral. Es cómplice. Porque legitima prácticas que han contribuido al descrédito profundo de la política y al distanciamiento creciente entre la ciudadanía y sus instituciones. No decir nada, cuando se puede y se debe, también es una forma de actuar.
Las consecuencias de este comportamiento son graves. No pierde solo un partido ni una figura pública. Pierde el país. Pierde la sociedad. Y se erosiona, una vez más, la esperanza de desmontar ese sistema político dominicano tantas veces señalado como amañado, excluyente y funcional a pocos.
Por eso, es urgente pensar con seriedad cómo se acciona en estos casos. La política no puede seguir siendo un terreno donde el ruido sustituye al trabajo y la sospecha reemplaza a la verdad. Detengámonos un momento. Miremos con honestidad el pasado, asumamos con responsabilidad el presente y decidamos, con madurez, qué futuro queremos construir.
Hagamos un ejercicio cívico de conciencia y de respeto antes de seguir descendiendo por este espiral autodestructivo que solo perpetúa los vicios que decimos querer erradicar. Porque si la política no cambia, no será por falta de oportunidades, sino por falta de voluntad para dejar atrás aquello que ya no sirve.
