Una jueza federal estadounidense avaló este domingo las restricciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump que exigen a los legisladores avisar con siete días de anticipación antes de visitar centros de detención para migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La magistrada Jia Cobb, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, determinó que el Gobierno puede mantener la exigencia de aviso previo, una regla que había sido suspendida temporalmente en 2025 por el mismo tribunal por posibles problemas legales.
Cobb explicó que la versión modificada de la norma, reintroducida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 8 de enero de 2026, constituye una nueva medida administrativa, por lo que los congresistas opositores deben replantear y presentar una demanda específica contra este nuevo texto si desean impugnarlo en tribunales. La jueza aclaró que su fallo no valida la legalidad final de la política, sino que señala que el procedimiento legal presentado hasta ahora no es el adecuado para desafiar la versión vigente.
La controversia gira en torno a un requisito que obliga a los miembros del Congreso a notificar con siete días de antelación al DHS su intención de visitar y supervisar las condiciones en las instalaciones donde se retiene a personas en proceso de inmigración. El Gobierno defiende esta exigencia argumentando razones de seguridad y logística, mientras que los demandantes sostienen que impide la supervisión legislativa efectiva y obstaculiza su derecho constitucional de fiscalizar al poder ejecutivo.
Tensiones y disputas sobre acceso y supervisión
La medida ha sido objeto de fuerte debate en los últimos meses, con múltiples episodios en los que legisladores han sido impedidos de ingresar a centros de detención en diferentes estados, incluidos intentos frustrados de visitas en la frontera de San Diego, en California, en el centro de detención de Broadview, en Illinois, y en instalaciones del ICE en Minneapolis.
En diciembre de 2025, la jueza Cobb había bloqueado temporalmente la política original al considerar que la exigencia de aviso de siete días probablemente violaba la ley federal de asignaciones, que prohíbe al DHS usar fondos generales para restringir el acceso de congresistas a instalaciones para fines de supervisión.
Sin embargo, tras la reintroducción de la norma a principios de este año, la justicia determinó que la nueva versión no queda cubierta por la suspensión anterior, por lo que el pleito legal deberá retomarse con argumentos actualizados.
Organizaciones defensoras de derechos civiles y varios legisladores demócratas han criticado las restricciones, señalando que visitas sin previo aviso son esenciales para documentar condiciones en las instalaciones, incluidas denuncias de hacinamiento o malos tratos. Además, el contexto se ha visto marcado por debates más amplios sobre la política migratoria estadounidense y el papel de ICE en el manejo de migrantes detenidos, especialmente en medio de cifras históricas de personas bajo custodia y preocupaciones sobre transparencia y supervisión.
La disputa legal continúa, y se espera que las partes presenten nuevas mociones o recursos en los próximos días para definir si la política de aviso previo puede ser derogada o modificada bajo criterios legales más estrictos.
