La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró de forma muy positiva la Carta Pastoral del 21 de enero de 2026, emitida por la Conferencia del Episcopado Dominicano con motivo de la celebración de Nuestra Señora de la Altagracia, al considerarla un documento claro, consistente y valiente que ofrece un diagnóstico profundo de la situación social, ética e institucional de la República Dominicana.
Mediante un comunicado, la entidad resaltó que el mensaje de los obispos dominicanos mantiene la línea histórica de análisis crítico y compromiso social que ha caracterizado a estas cartas pastorales en las últimas décadas. A su juicio, el texto aborda con objetividad el malestar colectivo que se percibe en amplios sectores de la sociedad, así como la crisis de valores que se manifiesta en fenómenos como la corrupción, la inseguridad ciudadana, la violencia y la exclusión social.
Finjus subrayó que los planteamientos contenidos en la Carta Pastoral coinciden en gran medida con las conclusiones de su informe “Análisis sobre la institucionalidad y la justicia en 2025 y desafíos para 2026”, presentado el pasado 7 de enero. Esta coincidencia, según la fundación, reafirma la pertinencia y la vigencia del diagnóstico realizado tanto por el Episcopado como por los sectores académicos y sociales que analizan la vida institucional del país.
Llamado firme contra la corrupción
La organización puso especial énfasis en los llamados de la Iglesia a combatir de manera decidida la corrupción, fortalecer el sistema de justicia y promover una cultura de transparencia en la gestión pública. Asimismo, destacó la exhortación a impulsar políticas públicas orientadas a reducir la violencia y la criminalidad, temas que, de acuerdo con Finjus, generan un amplio consenso nacional.
Uno de los aspectos más contundentes de la Carta Pastoral, valorado por la fundación, es la definición de la corrupción como un “cáncer social” que provoca muerte, exclusión y desigualdad. Los obispos comparan esta práctica con una “tumba” que niega medicinas a los enfermos y causa sufrimientos evitables, al tiempo que rompe los vínculos humanos y espirituales que sostienen la convivencia social.
En ese contexto, Finjus manifestó su total coincidencia con el llamado del Episcopado a una renuncia colectiva a la corrupción, acompañada de sanciones ejemplares, sin privilegios, y de la primacía del bien común sobre los intereses particulares.
Nuevo Código Penal como oportunidad
Finalmente, la fundación consideró que este enfoque ético y social encuentra una oportunidad concreta en la adopción del nuevo Código Penal (Ley 74-25), al que calificó como una herramienta fundamental para enfrentar las nuevas formas de criminalidad. Según Finjus, este marco legal permite abordar los delitos desde una visión integral que articula la dimensión moral con la jurídica, fortaleciendo así el Estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones.
Con esta valoración, Finjus reafirma la importancia del diálogo entre la Iglesia, la sociedad civil y el Estado como vía para enfrentar los desafíos estructurales que persisten en la República Dominicana.
