La entrada en vigor de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana, al cierre de enero de 2026, ha sido celebrada desde el discurso oficial como un antes y un después en la lucha contra la corrupción administrativa. No es para menos: el nuevo marco legal introduce sanciones más severas, responsabilidades penales claras y un lenguaje que apunta directamente al castigo de las malas prácticas que han afectado la contratación pública.
Sin embargo, más allá del aplauso inmediato, conviene detenerse y mirar con lupa lo que esta ley realmente prioriza, y lo que deja fuera; Esto alejará a profesionales competentes que deseen formar parte de la administración pública y provengan del sector privado, ya que no querrán arriesgar su reputación por cualquier denuncia infundada que afecte su integridad y pueda ocasionarles daños morales y reputacionales.
El espíritu de la normativa parece inclinarse con fuerza hacia la persecución y penalización de posibles actos corruptos, incluso desde la sospecha, creando un ambiente donde el temor a sanciones —incluidos apresamientos— se convierte en el eje central del sistema. El problema es que castigar no equivale necesariamente a gestionar mejor, y en ese punto la ley muestra una debilidad estructural preocupante.
Mucho castigo, poca eficiencia
Nadie discute la necesidad de sancionar la corrupción. El país arrastra una larga historia de contratos amañados, sobrevaluaciones y adjudicaciones dirigidas. Era indispensable cerrar esos espacios. Pero la nueva ley parece asumir que el principal obstáculo del sistema de compras es la mala fe, cuando en la práctica uno de los mayores males sigue siendo la burocracia excesiva y la lentitud administrativa.
Los procesos de licitación continúan siendo extensos, complejos y altamente formales. Adjudicaciones que, aun sin objeciones ni irregularidades, pueden tardar meses —o más de un año— en completarse. La ley endurece los controles, pero no simplifica los procedimientos, ni introduce mecanismos verdaderamente ágiles que permitan al Estado contratar con rapidez cuando la necesidad es urgente.
El resultado es conocido: obras esenciales que no arrancan, infraestructuras críticas que se retrasan y servicios públicos que llegan tarde, mientras los expedientes duermen en escritorios o plataformas digitales.
Digitalizar la lentitud no es modernizar
Uno de los grandes argumentos a favor de la nueva legislación es el fortalecimiento de los sistemas electrónicos y la trazabilidad de los procesos. En teoría, todo queda registrado, auditado y supervisado. En la práctica, se corre el riesgo de informatizar la ineficiencia, sin transformar realmente la cultura administrativa.
Si los mismos pasos innecesarios, validaciones repetidas y revisiones interminables se mantienen, pero ahora en formato digital, el problema no desaparece: solo cambia de pantalla. La ley exige más controles, pero no ataca con la misma fuerza la raíz del atraso, que es la falta de procesos claros, plazos estrictos y responsabilidades administrativas por la inacción.
Otro efecto colateral que empieza a percibirse es el temor de los funcionarios a tomar decisiones. En un entorno donde cualquier error puede interpretarse como delito, muchos optan por no firmar, no decidir o remitir el expediente a otra instancia. Esta “parálisis por precaución” no protege al Estado: lo inmoviliza.
La ley parece diseñada para detectar culpables, no para facilitar soluciones. Hay poca referencia a la profesionalización real de las unidades de compras, a la evaluación de desempeño por resultados o a incentivos para una gestión eficiente y transparente. Se castiga al que se equivoca, pero no se premia al que gestiona bien.
Entre la intención y el resultado
La nueva Ley de Compras y Contrataciones nace con una intención legítima: cerrar el paso a la corrupción. Pero en su afán punitivo, descuidó el equilibrio entre control y eficiencia, entre vigilancia y ejecución. Combatir la corrupción es indispensable, pero hacerlo sin reformar a fondo los procesos puede terminar afectando al mismo ciudadano que se busca proteger.
La transparencia no solo se mide en expedientes impecables o en condenas judiciales. También se mide en escuelas construidas a tiempo, hospitales operando cuando se necesitan y obras públicas que no se eternizan en el papeleo.
Si el objetivo final del Estado es servir, entonces la ley debe garantizar no solo que nadie robe, sino que las cosas se hagan bien y a tiempo. De lo contrario, el país corre el riesgo de tener un sistema legal más duro, pero un Estado igual de lento.
