La Administración del presidente Donald Trump retiró a finales de enero, sin un anuncio oficial previo, las tropas de la Guardia Nacional que había federalizado y desplegado en Los Ángeles, Chicago y Portland, en medio de cuestionamientos legales sobre la medida.
Según el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom), la desmovilización concluyó el 21 de enero de 2026, fecha en la que “todas las tropas del Título 10 en Portland, Los Ángeles y Chicago completaron sus actividades de repliegue”. La salida de los efectivos no fue comunicada públicamente por la Casa Blanca ni por el Pentágono y trascendió posteriormente a través de medios estadounidenses.
Impacto de la decisión judicial
El retiro se produjo después de que, a finales de diciembre, el Tribunal Supremo bloqueara temporalmente el despliegue en Chicago. La corte consideró que la facultad presidencial para federalizar la Guardia Nacional —bajo el llamado Título 10 del Código de las Fuerzas Armadas— debe aplicarse únicamente en circunstancias excepcionales, condiciones que, a su juicio, no se cumplían en ese caso.
El fallo representó un obstáculo significativo para la estrategia del Ejecutivo, que había defendido la presencia militar como una herramienta para enfrentar altos niveles de criminalidad y respaldar operativos migratorios en ciudades gobernadas por demócratas.
Alcance de los despliegues
En su punto más alto, la operación implicó la movilización de aproximadamente 6,000 efectivos, con la mayor concentración en Los Ángeles. Las autoridades locales criticaron la medida, calificándola de excesiva y de intromisión federal.
Antes del repliegue definitivo, permanecían desplegados 300 soldados en Chicago, 100 en Portland y 100 en Los Ángeles.
Presencia militar en otras ciudades
Pese a esta retirada, el Gobierno federal mantiene unidades de la Guardia Nacional en Washington D.C., Memphis y Nueva Orleans. No obstante, estos despliegues se realizaron mediante mecanismos distintos que no requirieron la federalización de las tropas bajo el Título 10.
La decisión marca un giro en una de las políticas de seguridad más controvertidas de la actual Administración, en un contexto de tensión institucional entre el Gobierno federal y varias administraciones locales.
