El Senado de Argentina aprobó este viernes un nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco de la última sesión del período extraordinario antes del inicio del calendario legislativo ordinario.
La iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. El proyecto ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el pasado 12 de febrero, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, por lo que quedó convertido en ley.
Argumentos y alcance de la reforma
Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich, representante del partido La Libertad Avanza y una de las principales impulsoras del proyecto, defendió la reforma al sostener que “matar no puede ser gratis, ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor”.
El texto legal establece que el objetivo del nuevo régimen es promover en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad por sus actos, así como favorecer su educación, resocialización e integración a la sociedad.
Límites de penas y medidas alternativas
La normativa dispone que las penas privativas de libertad no podrán exceder los 15 años. Estas podrán cumplirse en el domicilio, en institutos especializados para menores o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios.
Asimismo, cuando las condenas sean de hasta tres años —o de entre tres y diez años en casos que no correspondan a delitos graves— la prisión podrá ser sustituida por sanciones alternativas, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, inhabilitación para conducir, restricciones para asistir a determinados lugares o salir del país, y trabajos comunitarios.
La propuesta original del Ejecutivo planteaba fijar la edad mínima en 13 años, pero finalmente fue elevada a 14 tras cuestionamientos de sectores opositores.
Impacto político y costos
De acuerdo con el Gobierno, la implementación del nuevo régimen implicará un costo superior a los 23.000 millones de pesos (unos 16 millones de dólares).
La aprobación de la reforma representa un nuevo respaldo legislativo para el presidente Javier Milei, cuya administración promovió el proyecto en el Congreso tras consolidarse políticamente en las elecciones legislativas de octubre.
