Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron este martes supuestos cobros en dólares y exigencias de materiales de oficina en algunos tribunales como condición para entregarles la notificación oficial de libertad plena de sus allegados, en el marco de la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes por la Asamblea Nacional de Venezuela.
De acuerdo con un comunicado del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo estarían solicitando resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en efectivo en moneda extranjera para emitir y entregar copia de la decisión judicial que formaliza la excarcelación. Las denunciantes afirmaron que muchas familias no cuentan con recursos para cubrir estos “cobros ilegales”, luego de haber afrontado durante meses los gastos de traslados y asistencia a sus parientes detenidos, en muchos casos recluidos lejos de sus lugares de residencia.
La ley fue aprobada por unanimidad el 19 de febrero por el Parlamento, de mayoría oficialista, y contempla la amnistía de procesos vinculados a presos políticos desde 1999 hasta 2026, aunque su aplicación se limita a 13 hechos específicos ocurridos en distintos años, lo que deja fuera otros casos y excluye situaciones relacionadas con operaciones militares. Además, se creó una comisión especial para revisar expedientes no contemplados expresamente en el texto legal.
El comité señaló que la notificación escrita de la amnistía es un documento indispensable para eliminar antecedentes penales y registros policiales asociados a los hechos amnistiados, por lo que su entrega no puede estar sujeta a ningún tipo de pago. “La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía”, expresaron las madres, quienes instaron a la comisión de seguimiento del Parlamento y al programa gubernamental de Convivencia y Paz a constatar la denuncia y exigir a las autoridades judiciales el cumplimiento de sus obligaciones sin condiciones económicas.
Pese a las quejas, los familiares también reconocieron que el proceso de aplicación de la amnistía ha avanzado con rapidez en varios casos y que, durante visitas a tribunales, algunos se han encontrado con que las solicitudes de libertad ya habían sido tramitadas por la Fiscalía y defensores públicos.
Según informó el presidente de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento, el dirigente oficialista Jorge Arreaza, hasta el momento se han otorgado 6.071 libertades plenas en el marco de la ley, la mayoría correspondientes a personas que ya se encontraban bajo medidas cautelares. Por su parte, la ONG Foro Penal, que monitorea la situación de detenidos por motivos políticos, indicó recientemente que está verificando las cifras oficiales y cifró en 568 el número de personas que permanecían encarceladas por razones políticas en el país.
