La Corte Constitucional del Ecuador declaró este martes que cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en 2024 fueron víctimas de desaparición forzada, y ordenó al Estado reconocer su responsabilidad, ofrecer disculpas públicas y adoptar medidas de reparación para las familias.
La decisión responde a una acción extraordinaria de protección presentada por los familiares de los adolescentes Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), quienes fueron detenidos la noche del 8 de diciembre de 2024 por patrullas militares en los alrededores de un centro comercial del sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas.
Según la sentencia, los menores fueron trasladados posteriormente a la localidad de Taura, ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad y cercana a una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Allí habrían sido golpeados, torturados, obligados a desnudarse y posteriormente abandonados.
Días después, los restos calcinados de los niños fueron hallados en una zona de manglar cercana. Las autopsias determinaron que al menos tres de ellos presentaban impactos de bala.
Condena a militares
El pasado 22 de diciembre, un tribunal penal ecuatoriano declaró culpables a 16 de los 17 militares procesados por el caso.
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Once soldados fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión.
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Cinco recibieron 30 meses de cárcel por colaborar con la investigación.
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Un teniente coronel acusado como cómplice fue absuelto.
Previamente, una jueza había aceptado un hábeas corpus presentado por las familias y había declarado la desaparición forzada de los menores. Sin embargo, el Gobierno apeló esa decisión y un tribunal la revocó, lo que llevó a los familiares a acudir a la Corte Constitucional.
Violación al debido proceso
En su fallo, la Corte determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso al no analizar de forma integral la detención denunciada ni responder adecuadamente a los argumentos presentados por los familiares.
El tribunal concluyó que los menores fueron privados de libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares y que el Estado no proporcionó información inmediata ni convincente sobre su detención ni su paradero.
Los jueces recordaron además que, incluso en contextos de seguridad o estados de excepción —como los vigentes en Ecuador desde 2024 tras la declaración de “conflicto armado interno” por el presidente Daniel Noboa—, los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse.
Medidas de reparación
Entre las medidas ordenadas por la Corte están:
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Disculpas públicas por parte del comandante de la Fuerza Aérea en un plazo máximo de dos meses.
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Indemnización a los familiares de cada una de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa.
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Reformas a protocolos y normativas de actuación militar.
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La creación de un espacio en el Museo de la Memoria para visibilizar el caso.
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Declarar el 8 de diciembre como día de memoria en honor a los menores.
El caso ha generado una fuerte conmoción social en Ecuador y reavivado el debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna.
