El general en jefe del Ejército venezolano, Gustavo González López, quien ha sido sancionado por violaciones a los derechos humanos por Estados Unidos y la Unión Europea, fue nombrado como el nuevo ministro de Defensa del país, en reemplazo de Vladimir Padrino López, el funcionario más antiguo del gabinete militar de Nicolás Maduro.
González López, de 65 años, ocupará ahora el despacho del Fuerte Tiuna, el principal complejo militar en Caracas, poco más de dos meses después de ser designado por la presidenta interina Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En su trayectoria, González López ha estado al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos periodos, de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024, siempre por designación de Maduro, actualmente detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores. También fue ministro de Interior entre 2015 y 2016.
Tanto el SEBIN como la DGCIM han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU por su participación en detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual durante las protestas de 2014.
La misión de la ONU había identificado que González López pudo haber tenido conocimiento y participación en violaciones graves de derechos humanos, y destacó sus relaciones de confianza con otros altos funcionarios como Diosdado Cabello, del cual habría recibido órdenes directas.
El militar ha sido sancionado internacionalmente:
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EE.UU. lo incluyó en 2015 en la lista de la OFAC por participar en actos represivos durante las protestas, incluyendo detenciones extrajudiciales.
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Canadá lo sancionó en 2017 junto a otros altos funcionarios del gobierno de Maduro por socavar la democracia.
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La Unión Europea y Suiza lo sancionaron en 2018 por violaciones de derechos humanos.
Su nombramiento llega en un contexto de reacomodo del poder militar tras la captura de Maduro en enero de 2026, y marca un giro en la cúpula castrense venezolana, buscando consolidar el control sobre las fuerzas armadas y las agencias de seguridad.
