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A pesar de las disposiciones de la Ley 311-14, que estipula sanciones para legisladores y funcionarios que no presenten sus declaraciones juradas de patrimonio a tiempo, un grupo de diputados de distintos partidos ha expresado su desacuerdo con castigar a quienes no cumplieron con este requisito.
Al finalizar el plazo establecido, se registró que 78 diputados y 15 senadores no entregaron la documentación requerida, infringiendo así la normativa.
Este hecho ha generado un intenso debate sobre la efectividad de las sanciones y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de la ley.
