La jueza Altagracia Ramírez decidirá el próximo 29 de mayo si envía a juicio de fondo a varios exfuncionarios acusados de presunta corrupción administrativa en el caso Operación Calamar.
El fallo será dado a conocer a las 3:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, tras concluir la fase preliminar del proceso.
Exministros bajo acusación
Entre los principales imputados figuran:
- José Ramón Peralta
- Donald Guerrero
- Gonzalo Castillo
El Ministerio Público los acusa de integrar una supuesta red de corrupción que habría generado pérdidas al Estado superiores a 19,000 millones de pesos.
Acusaciones del Ministerio Público
Según el órgano acusador, los implicados habrían ejecutado pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, afectando significativamente los fondos públicos.
La magistrada contará con un mes para analizar todas las pruebas presentadas antes de emitir su decisión definitiva sobre si el caso pasa a juicio de fondo.
Argumentos de la defensa
Durante la audiencia, los imputados presentaron su defensa material. José Ramón Peralta reiteró su inocencia y aseguró haber respetado el debido proceso en todo momento.
Además, criticó lo que calificó como un “linchamiento mediático”, señalando que la presión de la opinión pública no debe influir en la decisión judicial.
También denunció debilidades en el sistema judicial en cuanto a la protección de la reputación de los ciudadanos.
Otros implicados en el caso
El proceso incluye a varios exfuncionarios y particulares, entre ellos:
- Rafael Calderón
- Ángel Lockward
- Luis Miguel Piccirilo
Además de otros acusados vinculados a distintas instituciones del Estado.
Un caso clave en la lucha anticorrupción
El caso Operación Calamar es uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción administrativa en República Dominicana en los últimos años.
La decisión del 29 de mayo marcará un punto clave: determinar si las pruebas presentadas son suficientes para llevar a los acusados a un juicio de fondo, donde se definiría su responsabilidad penal.
El país permanece atento a un fallo que podría tener importantes implicaciones en el sistema judicial y en la lucha contra la corrupción.
