El 27 de marzo de 2026 podría considerarse un día decisivo en la investigación de corrupción que sacude a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Ese día, un operativo cuidadosamente planificado permitió documentar lo que el Ministerio Público califica como un esquema de presión y extorsión por parte del exprocurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar sobornos al testigo clave Roberto Canaán dentro del expediente de corrupción en el Seguro Nacional de Salud.
Presiones telefónicas y coerción
Según el expediente, Valdez Alcántara habría ejercido presiones constantes sobre Canaán a través de llamadas y mensajes directos, condicionando la continuidad del proceso penal al cumplimiento de sus exigencias económicas. Uno de los mensajes más relevantes, fechado el 18 de marzo de 2026, decía: “¿para cuándo está la cosa?”, estableciendo como fecha límite el 24 de marzo.
Días antes, el fiscal presuntamente había ofrecido alterar el curso de la investigación a cambio de US$200,000 y bienes de alto valor. La acusación sostiene que estas acciones constituyen una coacción continuada en la que el imputado habría usado su posición dentro del sistema judicial para intimidar al testigo y forzar la entrega del dinero.
“El expediente deja claro que se trató de un uso indebido del poder público para fines personales, alterando los principios básicos de la justicia”, señaló una fuente del Ministerio Público involucrada en el caso.
Planificación y seguimiento del operativo
La tarde del 27 de marzo, Canaán fue citado por Valdez Alcántara a reunirse en el estacionamiento del cuarto nivel de un centro comercial en la avenida Sarasota. Lo que el testigo desconocía era que un equipo de vigilancia del Ministerio Público y la Policía Nacional ya estaba desplegado para documentar la entrega del dinero.
El operativo fue liderado por Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones de la Policía Nacional, con apoyo de varios agentes y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte. La estrategia incluyó el seguimiento del vehículo del imputado, la observación de sus movimientos y la supervisión de cada acción hasta la entrega efectiva de los fondos solicitados.
Dentro de la Honda CRV donde se realizó la transacción, se consumaron los minutos críticos que las autoridades consideran la prueba central del caso. Posteriormente, el vehículo fue seguido hasta la calle Pedro Antonio Bobea, donde los agentes intervinieron y trasladaron al fiscal a la Procuraduría General de la República.
En la Procuraduría se procedió a inspeccionar el vehículo. Allí, los investigadores encontraron documentos, tarjetas, celulares, una tableta institucional y un arma de fuego. Sin embargo, el hallazgo más significativo estaba oculto: US$10,000 en efectivo dentro del sunroof del vehículo. Esta evidencia permitió reconstruir el presunto momento en que el fiscal habría transformado su rol de investigador en protagonista de un acto de corrupción.
Jurisdicción especial y seguimiento judicial
Debido a la gravedad de los hechos y la condición de jurisdicción privilegiada de Valdez Alcántara, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso Gómez solicitó la designación de un juez especial. El magistrado Julio César E. Canó Alfau designó a Ysis B. Muñiz Almonte como titular de la Instrucción Especial para llevar el caso.
El Ministerio Público asegura que la investigación continuará, con la intención de determinar si existieron otros funcionarios involucrados o si este esquema de sobornos se extendió a más casos dentro de la Procuraduría.
Impacto y percepción pública
El caso ha generado gran repercusión en la sociedad, cuestionando la transparencia dentro de la PEPCA y la confianza en el sistema de justicia. Para expertos en derecho, el expediente representa una oportunidad para demostrar que ninguna posición es intocable, y que los mecanismos de control interno pueden funcionar incluso contra altos funcionarios.
“La ciudadanía exige justicia y este proceso tiene que enviar un mensaje claro: el abuso de poder dentro del Ministerio Público no será tolerado”, explicó un abogado consultado sobre el caso.
