El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dio apertura este lunes a la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos y decenas de heridos.
Durante la sesión, el Ministerio Público afirmó que los acusados actuaron con descuido e irresponsabilidad, señalando que mantuvieron una gestión deficiente de la infraestructura del establecimiento, especialmente del techo, cuyo estado se habría ido degradando con el tiempo sin inspecciones técnicas apropiadas.
Según la acusación, la estructura fue intervenida durante años de manera irregular, incorporando equipos y modificaciones sin estudios especializados que validaran su resistencia. Las autoridades indicaron que cuentan con imágenes satelitales que evidencian un aumento progresivo de carga sobre el techo entre 2011 y 2025, pasando de siete a al menos 17 instalaciones, entre sistemas de climatización, tanques de agua, ductos y casetas técnicas.
El órgano acusador también sostuvo que estas modificaciones eran ejecutadas por empleados bajo la supervisión del encargado de mantenimiento, Manuel Jiménez Mateo, pero sin control profesional adecuado y por निर्देश de los imputados.
Asimismo, se destacó que la colocación de equipos pesados se realizó sin evaluaciones estructurales, lo que habría debilitado la estabilidad del inmueble. A lo largo de los años, el local presentó señales visibles de deterioro, como filtraciones, desprendimiento de materiales y daños en plafones, que fueron atendidos de forma provisional y empírica, sin soluciones definitivas.
En particular, durante 2024 se registraron filtraciones graves y caídas de elementos dentro del establecimiento, que, según el expediente, fueron manejadas con medidas improvisadas como el uso de lonas para contener el agua, lo que incrementó el riesgo estructural.
El Ministerio Público sostiene que este comportamiento evidencia un patrón sostenido de falta de diligencia, al no tomar acciones técnicas oportunas para evitar el colapso, pese a las claras señales de deterioro.
En ese sentido, afirmó que, de haberse realizado intervenciones correctivas con personal calificado, la tragedia del 8 de abril del año pasado pudo haberse evitado.
El proceso continúa en su etapa preliminar, en la que el tribunal deberá decidir si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio de fondo. La acusación fue presentada por los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel y Enmanuel Ramírez.
