Santo Domingo.– En los últimos años, especialmente entre 2023 y 2026, la gestión de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha estado en el centro de intensos debates relacionados con la transparencia, la eficiencia institucional y el manejo de los recursos públicos. Diversos sectores políticos, sociales y mediáticos han cuestionado fuertemente las decisiones y actuaciones del organismo, generando un ambiente de constante escrutinio.
Uno de los episodios más recientes que avivó las críticas ocurrió en 2026, cuando el pleno de la Cámara aprobó una resolución que planteaba un aumento de hasta un 50 % en los salarios y beneficios de sus propios miembros. La medida fue recibida con rechazo inmediato, ya que los mismos funcionarios que se beneficiarían de este incremento fueron los encargados de aprobarlo. Este hecho suscitó preguntas sobre los aspectos éticos y legales de la resolución, especialmente cuando legisladores señalaron que dicha disposición contravenía lo establecido en la Constitución, que prohíbe el aumento de salarios en órganos extrapoderes durante el periodo en curso.
De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución de la República Dominicana, ninguna entidad pública o autónoma puede modificar los beneficios de sus directivos para el periodo en curso, sino para un período posterior al que fueron designados. Ante las críticas y la presión política, el pleno de la Cámara de Cuentas decidió revocar la resolución pocos días después de su aprobación, aunque la controversia reavivó el debate sobre la transparencia y el compromiso del organismo con el buen manejo de los recursos del Estado.
Esta no ha sido la única polémica en torno a la Cámara de Cuentas. Durante el periodo 2021-2025, bajo la gestión de figuras como Janel Ramírez, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa María Peña, el organismo fue objeto de investigaciones por supuestas «faltas graves». Estas denuncias dieron lugar a una comisión especial de la Cámara de Diputados, que concluyó que los miembros del pleno habían cometido infracciones significativas, como retrasos en auditorías y toma de decisiones irregulares. Aunque la comisión recomendó someter a juicio político a los responsables, este proceso nunca se materializó, dejando abierta la discusión sobre la necesidad de reformas estructurales en el organismo.
En el periodo 2017-2021, bajo la presidencia de Hugo Francisco Álvarez Pérez, la Cámara de Cuentas también enfrentó investigaciones por parte del Ministerio Público por presuntas irregularidades, incluyendo dilación en la entrega de auditorías y posibles obstáculos en procesos judiciales. A pesar de las críticas, el pleno no fue destituido, aunque su imagen sufrió un notable deterioro, lo que culminó en la designación de nuevas autoridades.
En 2008, el pleno de la Cámara de Cuentas correspondiente al periodo 2006-2010 fue sometido a juicio político por el Congreso Nacional debido a una serie de acusaciones de irregularidades en la ejecución de auditorías y falta de transparencia. El Senado, como tribunal, determinó la culpabilidad de los miembros del pleno y procedió a su destitución, un hecho que marcó un precedente en el uso del juicio político como mecanismo de control sobre los órganos extrapoderes en el país.
Los últimos años de gestión de la Cámara de Cuentas han estado caracterizados por conflictos internos y enfrentamientos públicos, que han afectado la credibilidad del organismo ante la sociedad. La reciente polémica por el aumento de las compensaciones salariales de sus miembros no solo ha generado indignación, sino que también ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer la independencia, la transparencia y la eficiencia en el organismo encargado de velar por el manejo adecuado de los fondos públicos.
Ante este panorama, la ciudadanía continúa esperando reformas que restauren la confianza en la Cámara de Cuentas y aseguren una fiscalización más efectiva y justa del uso de los recursos estatales.
